Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

jueves, 22 de junio de 2017

Reflexiones de quienes no dejan de mirarse al ombligo

Recientemente la Comisión Europea ha publicado un documento de reflexión titulado “Profundizando en la unión económica y monetaria” que plantea algunas reformas para fortalecer la unión económica y monetaria. Es una tortura leer cualquier documento generado por este organismo multilateral y éste mantiene la tónica. La habitual mezcla de autobombo de un proyecto que se asume apoyado sin fisuras por toda la población europea —pese a la evidencia del creciente apoyo a partidos euroescépticos y el éxito del Brexit—, obsesión con las finanzas “responsables”, negación de la realidad y de las propias responsabilidades, medias verdades o completas mentiras y tono de adoctrinamiento moral permea todo el texto desde el principio hasta el fin. El pensamiento gregario impide a la Comisión Europea salirse del guion oficial. Las loas al documento procedentes de los habituales defensores del europeísmo irredento, como Xavier Vidal-Folch o Luis Garicano, por supuesto no han tardado en aparecer en los medios del establishment. No oirán ninguna voz disidente expresarse con el mismo alcance no sea que los cuestionamientos al destino manifiesto puedan hacer flaquear el apoyo “unánime” al proyecto.

La falta de diversidad ideológica de las instituciones comunitarias y sus delegados en España les permiten actuar sin fisuras en la persecución de los fines últimos de su programa neoliberal. Pero la incapacidad de pensar de forma crítica delata la debilidad de un proyecto que cada vez parece más agotado.

El lector puede ahorrarse las 17 primeras páginas de un documento que afirma, por ejemplo, que el euro protegió a los estados miembro —cuando la realidad fue la opuesta: la pérdida de la soberanía monetaria y un conjunto de reglas que restringían arbitrariamente la función fiscal de los estados nacionales impidieron que éstos actuasen eficazmente contra los efectos de la crisis financiera global. Fiel a su relato neoliberal explica la crisis como consecuencia de brechas de competitividad o endeudamiento públicos en lugar de reconocer el origen privado de la deuda o el comportamiento mercantilista de Alemania. En las páginas prescindibles se encuentran profusamente distribuidos términos como el polisémico “reformas estructurales” que puede significar liberalizar todos los mercados de trabajo, terminar con los derechos de los estibadores, liquidar todo el patrimonio público, privatizar todos los servicios públicos o favorecer la concentración de poder oligopolístico.

Me centraré pues en las propuestas recogidas en el documento y que, como otros de la Comisión, hace verdaderos esfuerzos y piruetas por sortear y eludir la solución más obvia: una verdadera unión fiscal a la que Alemania siempre se opondrá. Poner remedio a la banca por supuesto encabeza las medidas. Los bancos fueron sin lugar a dudas los originadores de la crisis y por ello parece obvio que todo programa de reformas debería centrarse en ellos. La “reducción de riesgos” con un fortalecimiento de la gestión prudencial, una vez que la Comisión considera satisfactoriamente concluidos otros aspectos de la unión bancaria, aparece de forma preeminente pero se considera adecuadamente encauzada. Pero la CE debería rebajar su triunfalismo: la nefasta gestión de la crisis del Banco Popular, que tuvo que ser resuelta finalmente por el Gobierno español de forma escandalosamente favorable para el Grupo Santander, plantea muchas preguntas acerca de la entrega de las responsabilidades de supervisión bancaria a un mecanismo de resolución bancaria que permaneció en la higuera mientras se precipitaban los acontecimientos. Da igual, la Comisión Europea solo sabe mirar hacia adelante. Ahora la obsesión de la CE es implantar una “estrategia europea para préstamos morosos”. La solución propuesta es desarrollar mercados secundarios para estas carteras tóxicas, reformar los reglamentos y, otra vez, ese término tan caro a Bruselas pero tan difícil de precisar, “reformas estructurales”. Bruselas también confía en el fortalecimiento de la disciplina de los mercados y la agilización de los mecanismos de resolución que tan exitosos se han mostrado en acelerar la caída de entidades financieras centenarias. Sin embargo la solución evidente les elude de nuevo: acabar con las políticas de austeridad que han prolongado innecesariamente la crisis. Un trabajador con empleo paga sus cuotas hipotecarias; una empresa con ventas no cae en morosidad. El Popular al final se hundió simplemente porque no hay balance bancario que aguante 36 trimestres seguidos de implacable crisis económica. Tan sencillo; pero tan difícil de ver en Bruselas.

A medio plazo Bruselas quiere mejorar la unión bancaria con un Fondo Único de Resolución Bancaria (que seguía sin estar listo para recoger los platos rotos del Banco Popular y los bancos italianos que ahora se tambalean) y un Seguro de Depósitos Europeo que pretende mitigar el vínculo entre bancos y haciendas públicas nacionales. A tenor de la pasada experiencia en Chipre nos tememos que estos avances ayuden a acelerar las fugas de depósitos de la próxima entidad que se encuentre en riesgo de insolvencia. Fiel a su tradicional preferencia por las soluciones “fiscalmente neutras” la CE propone que este fondo sea financiado por los bancos. Nada que objetar pero me habría gustado una mayor apertura a la posibilidad de nacionalizar entidades en lugar de regalarlas a oligopolios por 1 euro.

La justificación de la unión bancaria es oportunista. Se alega que se pretende romper el vínculo pernicioso entre bancos en dificultades y estados periféricos endeudados. Pero la retroalimentación se da solo porque, si a un estado se le priva del respaldo de su banco central, su deuda acaba siendo pasto de la especulación. A mí, la unión bancaria me genera mucha inquietud ya que tenderá a crear entidades paneuropeas de tamaño monstruoso, “too big to fail”, y elevado riesgo sistémico. Lejos de favorecernos estas entidades canalizarán el nuevo crédito al centro geográfico de Europa relegando definitivamente a la periferia a su papel de destino de vacaciones para trabajadores satisfechos del núcleo europeo.

Como decía al inicio, la unión fiscal se sugiere y se pospone sine die dadas las tremendas reticencias de nuestros vecinos del norte a financiar a los “vagos del sur”. La Comisión Europea trata de buscar paliativos que se quedan muy cortos para la ocasión. Ante el reiterado rechazo a mutualizar la deuda de los estados soberanos —algo perfectamente prescindible si el Banco Central Europeo se comprometiera a actuar como banco central de los estados miembro sin condicionar su apoyo a nocivas políticas de austeridad— han puesto la imaginación a trabajar y nos han presentado unos Títulos Respaldados por Bonos Soberanos, paquetes de deuda pública de distintos países que serían emitidos por alguna entidad del sector privado para que los inversores reticentes a comprar deuda griega o portuguesa tengan menos remilgos si en el pisto europeo se añaden calabacines holandeses y berenjenas alemanas. Pero parece ser que esta sorprendente innovación financiera solo aparecerá “gradualmente”. Mejor que ni aparezca pues no tardaría el BCE en dejar de comprar la deuda periférica alegando que son los estados los que deben hacer sus deberes para que sus títulos sean incorporados al subyacente de este nuevo derivado. Recuerden que Bruselas cree religiosamente en la función disciplinanrte de los bond vigilantes. Así evitamos esos molestos problemas de riesgo moral a los que seríamos propensos en el sur —más coloquialmente en términos de Jeroen Dijsselbloem, evitar que nos gastemos el dinero en alcohol y mujeres.

En tanto llega la entidad financiera del sector privado dispuesta a generar tan atractiva oportunidad de inversión a Bruselas le preocupa que perdure un obstáculo para la ansiada unión bancaria y la definitiva rotura de cualquier enlace entre bancos y estados. Es sabido que los bancos necesitan tomar posiciones en activos sin riesgo y que, universalmente, estos son títulos de deuda pública. Un cambio de reglas debería hacer posible que los bancos dejaran de apostar preferentemente por la toma de posiciones en la deuda soberana de sus propias naciones. Suponemos que se refieren al hecho de que son los bancos centrales participantes en el Eurosistema los responsables de comprar la deuda nacional de cada país dentro de los programas de flexibilización cuantitativa. Es obvio que, si el Banco de España es responsable de comprar la deuda pública española, los bancos españoles tendrán un incentivo para mantener esos títulos en su cartera, una posición que pueden transformar en liquidez de forma rápida si es necesario. Si a Bruselas esto le preocupa la solución estaría sencillamente en que fuera el BCE el que comprara directamente esas posiciones. Esto solucionaría sin duda el problema: todos los bancos apostarían por deuda pública alemana como activo sin riesgo lo cual dejaría colgados a los estados de la periferia una vez más cuando llegue la próxima crisis.

Tranquilos. La comisión renuncia a la unión fiscal pero recupera algunas viejas ideas que permitirían una función de estabilización macroeconómica para hacer frente a shocks asimétricos. Pero estos instrumentos deben atenerse a determinados principios directores: evitar transferencias permanentes (desde Alemania), minimizar el riesgo moral (que estos periféricos no puedan eludir la vigilancia de los mercados) y condicionar el acceso a los fondos a “criterios claros y políticas sensatas”. Los instrumentos considerados no son nuevos en el debate de los economistas deseosos de salvar el euro: un Plan Europeo de Protección de Inversiones, un Plan Europeo de Reaseguramiento de Desempleo y un Fondo para días lluviosos. Todos ellos serán perfectamente prescindibles e inútiles pues se basan en la premisa de que el saldo fiscal tiene que estar equilibrado a lo largo del ciclo. La doctrina europea sigue sin entender que el déficit fiscal es una necesidad permanente de cualquier economía en la que los ciudadanos desean ahorrar. Cualquier disposición de fondos de los citados instrumentos estaría limitada al importe de las aportaciones previas aunque se concede la posibilidad de tomar préstamos que deberán ser reintegrados en el futuro. La utilidad de estos instrumentos será muy limitada y simplemente tratan de soslayar la evidencia de que Europa no está preparada para una unión federal. Por ejemplo el Reaseguramiento Europeo de Desempleo, en opinión de la Comisión Europea, requeriría “probablemente una cierta convergencia previa de las políticas y características de los mercados de trabajo”. Es decir, que hasta que nuestra tasa de paro no sea la de Alemania, yo no me haría muchas ilusiones y, entonces ¿para qué lo querríamos? Entretanto podemos esperar un fortalecimiento de las funciones de supervisión presupuestaria de la CE, lo cual seguirá vaciando de contenido nuestros ornamentales parlamentos nacionales.

El documento contiene una serie de recomendaciones vacuas sobre construcción de capacidades que suenan más bien a mecanismos tipo zanahoria-palo que sirvan de acicate para que los estados prosigan con esas “reformas estructurales” tan caras a Bruselas y una mejora de la rendición de cuentas democrática de las instituciones europeas. Esta podría haber consistido en acabar con la independencia de los bancos centrales para que respondan ante los parlamentos pero lo cierto es que nos tenemos que conformar con un “diálogo más intenso entre parlamentos nacionales y Parlamento Europeo” y la posibilidad de fusionar el cargo de presidente del Eurogrupo —actualmente el nefasto Jeroun Dijsselbloem conocido por su altanería y desprecio hacia los sureños— con el vicepresidente para el euro y el diálogo social (puesto actualmente detentado por un tal Valdis Dombroskis de cuya labor nadie se acuerda).El hecho de que unas instituciones integradas por países que no están en la unión monetaria estén tomando decisiones sobre países que sí pertenecen a este selecto grupo no parece inquietar mucho a la Comisión pues espera que todos ellos acaben entrando en la fallida unión monetaria en otra declaración de intenciones que revela una pertinaz y obcecada resistencia a comprender la realidad.

Termina nuestra lectura con una propuesta de crear un Tesoro Europeo, un nombre engañoso para una entidad que no emitiría deuda para una Comisión Europea cuyo presupuesto no excede del 1% del PIB europeo. La nueva entidad ejercería esas funciones de vigilancia económica y fiscal —sustrayendo más funciones a los parlamentos y contradiciendo las declaraciones en pro de una mayor responsabilidad democrática de las instituciones europeas— gestionaría los hipotéticos fondos de estabilización macroeconómica y el ya existente mecanismo de estabilidad europeo además de coordinar la emisión de ese activo europeo sin riesgo.

La Comisión da gran importancia a la capacidad de resistencia de las economías europeas. Los países resistentes —nos dicen— no solo aguantan mejor las crisis, también rinden mejor en épocas de bonanza. Si la propia Comisión Europea no cree posible una unión federal sus propuestas, lejos de asegurar la robustez de nuestras economías, nos dejan expuestos a la siguiente crisis económica. Si eso es así, sería deseable que nos devolvieran la soberanía monetaria y dejáramos la UE para las necesarias tareas de coordinación entre estados democráticos y soberanos que otrora desempeñó un papel positivo en Europa. El documento que hemos leído perpetúa el fanatismo doctrinario de una institución cada vez más sometida a intereses oligárquicos e incapaz de hacer frente al hegemón centroeuropeo. Las medidas propuestas no resuelven los problemas de fondo de la Unión Europea y suponen la enésima distracción que emplean los europeístas para convencernos de que el proyecto sigue su curso sin desviarse. Cuando llegue la próxima crisis, que llegará, la periferia europea seguirá más expuesta que antes a sus embates. El proceso de colonización y depauperación del sur sigue su curso inexorable.

miércoles, 21 de junio de 2017

Ningún argumento para una amnistía fiscal

Editorial publicado en Red MMT



Las amnistías fiscales deben ser reprobadas puesto que atentan frontalmente contra el principio de justicia social, pero un mayor problema derivado de semejante treta es, a nuestro modo de ver, que parten de una premisa equivocada acerca de la función de los impuestos que es usada para tratar de legitimarlas.


Al contrario de lo que habitualmente se cree, y a pesar de ser parcialmente cierto en el actual marco institucional de la eurozona, los impuestos no sirven para financiar los gastos del Estado. La fiscalidad es el mecanismo por el cual el Estado crea demanda para su moneda imponiendo obligaciones en ella al resto de agentes, provocando así su aceptabilidad y transferibilidad generalizada. Incluso dentro de la cercenada función fiscal del estado Español, cuyo margen para gestionar el gasto total en la economía es perversamente estrecho desde el momento en que entregó su capacidad de emisión de moneda al Banco Central Europeo, los impuestos siguen desempeñando ese papel. Es decir, la autoridad pública ha debido gastar o prestar previamente su moneda para que los agentes privados hayan podido hacerse con ella para redimir sus obligaciones fiscales y atender a sus deseos de ahorro neto de activos financieros. Esta lógica pone al descubierto las cadenas y situación de dependencia y subordinación en que se encuentra la política fiscal de cada Estado con respecto a la política del Banco Central Europeo. A diferencia de aquellos que conservan su soberanía monetaria, el Estado español es a día de hoy usuario de una moneda que no emite y por tanto tiene que hacerse con ella antes de gastar.


El ambiente de histeria de déficit creado en la zona euro sirvió para justificar medidas extraordinarias, como una amnistía fiscal con la cual se pretendía aumentar la recaudación del Estado. Más de 30.000 contribuyentes se acogieron a esta medida que, según el Gobierno, conseguiría aflorar más de 40.000 millones de euros. Sin embargo, los datos facilitados por el propio Gobierno revelan que la recaudación ha sido la mitad de lo esperado. Muchos de los que ocultan sus patrimonios en el extranjero prefieren seguir un tiempo más en el anonimato.


Si España tiene problemas de ingresos para aumentar el espacio fiscal que le permita atender adecuadamente a cuestiones macroeconómicas tales como el desempleo, síntoma éste de un gasto total en la economía insuficiente, la solución está en recuperar la capacidad de emisión o exigir al BCE que respalde sus emisiones de deuda, no en recurrir a medidas que delatan improvisación y desesperación. Peor aún: el historial de corrupción y amiguismo de los políticos del Partido Popular nos hace temer que en realidad se trataba de hacer de la necesidad virtud y, aprovechando que la crisis podía utilizarse para justificar todos los desmanes y ocurrencias de este gobierno, echar un capote a amigos con depósitos en el extranjero que deseaban repatriar.


Desde la Teoría Monetaria Moderna hemos explicado que los impuestos deben desempeñar un papel socialmente útil. El Tribunal Constitucional acierta al declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, aunque lamentablemente los beneficiados se han ido de rositas. Es una discriminación tan sangrante y arbitraria como la popularmente llamada “ley Beckham”, que permite a determinados profesionales extranjeros excelentemente pagados tributar a un tipo inferior al que les correspondería en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Son medidas que pervierten la progresividad del impuesto quebrantando la justicia social.


Desde Red MMT denunciamos la inutilidad de este tipo de medidas. El sostenimiento del valor de la moneda depende de que conseguir la moneda solo sea posible mediante la entrega de bienes y servicios al Estado y de la creación de una fuerte demanda por ella mediante los instrumentos tributarios; proceso que además destruye la moneda creada por la autoridad en el acto originario de gastar o prestar. Permitir que haya personas que puedan conservar el dinero en el anonimato y vender esos depósitos denominados en euros o pesetas para comprar depósitos en otros países, genera un proceso que deprecia nuestra moneda en los mercados de divisas. Los ahorros de estos evasores además son fugas del circuito económico que deprimen la actividad económica y provocan desempleo.


La gravedad del comportamiento de los evasores fiscales exige una respuesta de la sociedad con fuertes castigos penales y económicos. Un gobierno fiscalmente responsable no persigue de forma atolondrada un determinado guarismo en el saldo de sus cuentas sino que asegura el cumplimiento íntegro de las obligaciones fiscales aplicando la máxima dureza a quien las elude. Lo que está en juego es demasiado importante y no podemos consentir los comportamientos imprudentes, frívolos y lesivos del ministro Montoro.