Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

viernes, 18 de agosto de 2017

La bomba del desempleo


El vendaval de destrucción de empleo iniciado en 2008 ha agudizado los niveles de pobreza y desigualdad en la distribución de las rentas y de la riqueza. La gran depresión de la segunda década de este siglo fue la tormenta perfecta. La borrasca venía gestándose en el mundo occidental desde el inicio de la era neoliberal iniciada en 1973 pero cuando alcanzó a la periferia meridional europea, –con economías que habían entregado su soberanía monetaria y habían erigido su prosperidad sobre los débiles fundamentos de la burbuja especulativa, bajísimos niveles de protección social y empleo público y una crónica falta de inversión en tejido productivo real– la destrucción alcanzó proporciones épicas. Probablemente no haya hogar de clase media o trabajadora que no haya sido afectado por esta devastación. El problema del desempleo es gravísimo en la periferia de la zona euro y coloca a estos países en el mismo rango que algunos estados fallidos de África o que acaban de padecer un conflicto bélico.


Ilustración 1. Países con mayores tasas de desempleo

En el caso de España el problema se arrastra desde hace décadas. La última vez que este país disfrutó de pleno empleo fue durante el franquismo (con todas las cautelas que conviene añadir en un país en el que las mujeres tenían poco acceso al mercado de trabajo retribuido). El régimen del 78 demostró que no era necesaria la represión dictatorial para someter a los trabajadores; bastaba proferir la amenaza cierta de que perderían su empleo si osaban ser reivindicativos. Pero la perpetuación de la lacra ha acabado siendo aceptada como una especie de estado natural de las cosas. La población española ya no reconoce las verdaderas causas y es incapaz de exigir una solución a los verdaderos responsables: el Gobierno de España y los intereses de sus elites. Pocas fuerzas de trabajo existen más disciplinadas y más sometidas a lo que George Orwell llamaba el «terror acechante del desempleo» existen en Europa.




Ilustración 2. Serie histórica de la tasa de desempleo

El problema del desempleo español ha sido reducido a la categoría de lacra “estructural”. En la jerga de los técnicos de los organismos multilaterales y los economistas de la escuela dominante estructural es una palabra polisémica que se utiliza como justificación de todo tipo de desmanes. Estructural puede significar que hay “rigideces” en un mercado de trabajo que se equipara al de los rábanos. Si hay exceso de rábanos en el mercado, bájese su precio y se venderán más rábanos hasta vaciar el mercado. Si hay exceso de desempleados es porque los sindicatos y los reglamentos impiden bajar los salarios. Destrúyanse los sindicatos, desmóntese el estatuto de los trabajadores, hágase un decreto de la estiba, bájense los salarios y el desempleo caerá; sin advertir que el mercado de trabajo es también un centro de reparto de rentas y que socavar los salarios simplemente arregla el problema de un empresario pero agrava el de todos. Estructural también puede significar que hay poca competencia y que es necesario liberalizar un sector para destruir todo el tejido de PYMES y sustituirlas por oligopolios que optimizan sus costes destruyendo cuanto empleo sea posible. Otrosí, estructural, es un problema de ineficiencia del sector público que se resuelve vendiendo todas las empresas públicas y hasta las joyas de la corona a los amiguetes.

El problema del desempleo español es el resultado de cuatro décadas de políticas erradas y del alineamiento de las élites políticas y económicas con el pensamiento neoliberal cuyo eje central es el ataque al factor trabajo. Es probable que España sea el país donde el neoliberalismo se haya aplicado de forma más implacable gracias a su legitimación por asociación al proyecto europeo. En términos orteguianos «España es el problema (estructural), Europa es la solución (neoliberal)». El elevado desempleo es el mayor éxito del neoliberalismo español. Varios factores acudieron en ayuda del proyecto de laminación de la clase trabajadora. La coincidencia de la incorporación al mercado de trabajo de las cohortes nacidas en el baby boom, el proceso de desindustrialización impuesto por la incorporación a la CEE y el abandono de las políticas industriales a beneficio de los chaebol Corea del Sur y del mittlestand germánico, el empeño en aplicar una política económica monetarista que desalentaba la inversión, la represión de la demanda como herramienta para luchar contra la inflación importada en lo barriles de petróleo, la crónica insuficiencia del empleo y gasto públicos. ¿Recuerdan cuando Felipe González ganó las elecciones prometiendo la creación de 700.000 puestos de trabajo? Nunca lo consiguió porque inocentemente pensaba que eso lo haría el sector privado con algunos incentivos estatales. (Posteriormente los líderes del PSOE perdieron su virginidad estructural y se convirtieron en grandes desreguladores, siguiendo una larga tradición de dirigentes europeizantes, como los Habsburgo que nos limpiaron de toda traza arabizante o los Borbones que querían desembozarnos).

El problema es ya antiguo pero lo que diferencia la crisis actual de las anteriores es que, esta vez, ha afectado a las clases medias; sobre todo a sus cachorros ahora reclutados para el precariado.

Fueron las contradicciones del capitalismo las que generan el problema de represión salarial y desempleo que a la vez deprime las ventas. La solución obvia, probada y eficaz de la intervención pública mediante el gasto deficitario causa sarpullidos en Bruselas y las élites patrias. Hacía falta una solución que aumentase la demanda sin pagar mayores costes salariales. Quien no cree en la medicina científica recurre a las flores de Bach para curar el cáncer. Durante un tiempo los préstamos hipotecarios sirvieron pero también dejaron un legado tóxico cuyos platos rotos aun andan recogiendo en las oficinas bancarias del Banco Popular. Hay que encontrar otra solución.

martes, 8 de agosto de 2017

La teoría circuitista de los beneficios

Villaviciosa de Odón, 8 de agosto de 2017

Alain Parguez

En el post anterior examinamos la ecuación de beneficios de Kalecki. Recordemos que según el economista polaco los beneficios de la clase capitalista equivalían a la inversión, el consumo de los capitalistas, el déficit público, el superávit de la balanza comercial con el resto del mundo y lo minoraba el ahorro de los trabajadores.

Alain Parguez, un economista procedente de la tradición circuitista plantea en mi opinión una interesante síntesis entre la ecuación de los beneficios de Kalecki, el circuitismo y la teoría de la moneda moderna (TMM) (Parguez, 2002). La aportación de Parguez a Kalecki es fundamental porque el economista polaco no había entendido que el déficit público no necesita de la financiación de fondos obtenidos del sector privado mediante la recaudación de impuestos ya que gastando el estado crea nuevo dinero y creo que tampoco hizo una distinción entre ganancias monetarias retenidas y beneficios gastados.

Flujo y reflujo

Parguez explica que tanto las empresas como el estado no pueden financiar sus gastos presentes con ingresos que aún no se han producido. En la secuencia lógica de acontecimientos primero tiene que haber un proceso de creación de dinero de las empresas y del gobierno. En el caso del gobierno sabemos que es el acto de gastar el que crea el dinero pero en el caso de las empresas el origen del dinero es el crédito bancario. Con ese nuevo poder de compra los empresarios pueden tomar sus decisiones de gasto en la adquisición de nuevos bienes de equipo. En una economía monetaria este aspecto temporal del circuito económico es fundamental. No se puede poner en marcha ninguna actividad económica sin que antes haya alguien que haya creado el poder de compra que permite movilizar recursos reales para dedicarlos al proceso productivo.

Las empresas tendrán que devolver esos créditos cuando sus inversiones produzcan los flujos de caja de entrada, en la fase que Alain Parguez llama de ‘reflujo’. La fase de reflujo es la que consigue la devolución de los préstamos y por tanto corresponde a la destrucción del dinero bancario. En el caso del estado la fase de reflujo es la recaudación de impuestos que destruye el dinero. El dinero es como un fotón, una partícula fugaz portadora de paquetes de información. Una vez que impacta en nuestra retina podemos conservar la imagen un tiempo breve en nuestro cerebro pero el propio fotón se destruye.

Al igual que no es posible que los ciudadanos paguen sus impuestos si antes el estado no les ha entregado aquello que sirve para pagarlos a través de la ejecución del gasto público (el dinero del estado no es más que un crédito fiscal), tampoco es posible que las empresas recuperen el dinero que necesitan para pagar al banco sin antes poner en circulación el dinero bancario pagando a los trabajadores los sueldos que estos usarán para consumir los productos fabricados y comercializados por las empresas (salvo en el esporádico e improbable caso de que algunos de estos trabajadores sean falsificadores de moneda).

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre empresas y gobierno: el estado puede crear dinero por su propia cuenta gracias a que el Banco Central compra las emisiones de deuda del Tesoro y puede financiar al gobierno a tipo de interés cero. En cambio las empresas deben recurrir a los intermediarios de crédito. Solo estos pueden crear dinero crediticio pues solo estas instituciones cuentan con el respaldo del estado a través del banco central para hacerlo.

La falacia Robin Hood

Fijémonos en esta paradoja: al recaudar impuestos el estado destruye el dinero que ha creado previamente. Si recauda tantos impuestos como ha gastado previamente el estado conseguirá un equilibrio presupuestario pero a la vez estará retirando dinero del bolsillo de los ciudadanos. Los impuestos no generan nuevos ingresos con los que el estado puede gastar y además reducen los ingresos de los hogares y, por consiguiente, su consumo. Los impuestos destruyen una cantidad equivalente de dinero. Los impuestos, por tanto, retiran renta del sector privado sin generar rentas para el estado que se podrían reciclar en gasto. La insistencia de los socialdemócratas en que primero hay que recaudar, preferentemente de los ricos, para luego realizar el gasto social en favor de los pobres está basada en una ficción, una ilusión. Es lo que Parguez llama la paradoja “Robin Hood” pero yo considero más apropiado llamarla la “falacia Robin Hood”: la idea de que es necesario sacar impuestos de los ricos para transferirlos a los pobres. No hay ninguna razón por la que el estado no pueda previamente hacer transferencias a los pobres y luego decidir si necesita retirar poder de compra de los ricos para deflacionar la economía.

El déficit público como fuente de beneficios empresariales

La elevación de la presión fiscal simplemente estruja los presupuestos familiares, reduce el consumo y solo puede llevar a una reducción de los beneficios empresariales. Recuerden que según Kalecki un superávit fiscal reducía los beneficios y en cambio un déficit contribuía a su formación.

Para entender por qué el déficit público genera beneficios empresariales recordemos la contabilidad de reservas que hemos descrito en posts anteriores. Supongamos que el estado ha gastado más de lo que ha recaudado, a esa diferencia la llamamos déficit. Ese déficit público se refleja contablemente en el activo de los balances de los bancos como un aumento de sus cuentas de reservas, cuya contrapartida, euro a euro, en el pasivo son los depósitos bancarios que mantienen las empresas y los hogares. Si el déficit ha generado un incremento de la demanda agregada, la suma de las compras de lo mercancías del estado y el incremento neto del consumo de los hogares tiene que ser equivalente a las ganancias monetarias retenidas acumuladas por las empresas. Las ganancias monetarias retenidas son iguales a la discrepancia entre los beneficios agregados y la deuda, en la que el empresario incurrió para financiar las inversiones, que ha sido devuelta utilizando los beneficios brutos. El incremento total en el stock de pasivos bancarios lo detentan las empresas en forma de beneficios monetarios retenidos (Parguez, 2002, pág. 91).

La búsqueda de beneficios en el exterior

Desde el punto de vista de Parguez por tanto la fobia al déficit pública encierra en sí las semillas de su propia derrota porque un superávit solo puede socavar los beneficios monetarios retenidos … salvo que los capitalistas sean capaces de encontrar otra fuente. Ya vimos en la ecuación general de beneficios de Kalecki que éstos podían proceder del superávit obtenido en el comercio exterior. Esta estrategia explica la obsesión de los economistas mainstream por incrementar la competitividad de las naciones y ganar cuotas de mercado internacional para las oligarquías capitalistas para las que trabajan. También explica por qué para Alemania la unión monetaria europea ha sido tan útil para mantener los beneficios de su clase capitalista cuando en su propio país el gobierno se empeñaba en mantener un superávit mientras sus hogares, tras una década de represión salarial, disuadida de mantener su propia reproducción, se convertían en asustadizos consumidores con una fuerte preferencia por el ahorro. Ayuda a entender por último por qué el capitalista español, ante la pérdida de su propio mercado en favor de productores de otras economías más competitivas, optó por convertirse en el agente del capitalismo franco-alemán en América Latina como único medio de conseguir beneficios que se le negaban en su propio país donde también la ortodoxia vigente nos llevaba a buscar un superávit deflacionista.

Hogares endeudados y financiarización

Si seguimos examinado la ecuación de beneficios de Kalecki vemos que el ahorro de los consumidores reduce los beneficios. Pero lo contrario también es válido. ¿Y si los capitalistas, a través de sus entidades de crédito, consiguen convencer a las familias para que, en lugar de ahorrar, se endeuden? El desahorro de los hogares se convierte entonces en una fuente de beneficios. El préstamo hipotecario explica el beneficio del promotor inmobiliario y del rentista propietario de tierras urbanizables. El préstamo de la entidad financiadora ayuda a crear los beneficios de los grandes grupos del automóvil. La tarjeta de crédito ha mantenido las ganancias de las empresas gracias a que permite el milagro de que los trabajadores gasten en su propia reproducción más de lo que permiten sus reprimidas rentas salariales. Recuerden el excedente que obtenía el capitalista en el Departamento 3 que describía Kalecki: ¡ahora los capitalistas dan un paso más y consiguen sacar excedentes anticipados! Éste es el mecanismo de la financiarización observada en los países adscritos al capitalismo atlántico cuando los superávits comerciales no eran posibles y a la vez se pretendía el imposible de alcanzar un superávit fiscal.

Beneficios no retenidos en forma monetaria

Pero ¿qué hay de las otras dos fuentes de beneficios que describía Kalecki en su ecuación más sencilla? Recordemos que en la formulación más esquelética de Kalecki:

Beneficios brutos=inversión + consumo de los capitalistas

Aquí es donde la teoría moderna de la moneda y el circuitismo completan el análisis de Kalecki. Si no consideramos una economía monetaria la ecuación de Kalecki es impecablemente correcta. Pero el consumo de los capitalistas y la inversión son el resultado de sus propias decisiones de gasto. Una vez que las han ejecutado el dinero que habían conseguido mediante los beneficios ya no existe, se ha transferido a otros bolsillos o cuentas bancarias. Solo queda ese coche de lujo en el garaje o esa inversión en una máquina en el taller. Fíjense que en los párrafos anteriores recalco que Parguez hablaba de ganancias monetarias retenidas. La inversión y el consumo no pueden ser ganancias retenidas sino gastadas.

Esta diferencia entre beneficios retenidos en forma monetaria y decisiones de gasto de los capitalistas es crucial. El capitalista pretende invertir una cantidad de dinero en la compra o producción de mercancías para volver a recuperarlo a ser posible aumentado cuando venda las mercancías. En forma sintética Marx hablaba de la circulación M-C-M’, donde el circuito parte con dinero M (Money), que se convierte en mercancías C (Commodities) para obtener más dinero M’, a ser posible siendo M’>M, es decir aumentado con la plusvalía extraída de los trabajadores. El capitalista lógicamente desea que el resultado de su actividad sea obtener M’, no más C. En la fase de flujo, la financiación de la inversión puede proceder de los beneficios retendios, o financiarse con nuevo crédito como veíamos al principio. Es cierto que dentro de la propia clase capitalista puede haber algunos que se hayan endeudado para realizar la inversión y por tanto su posición financiera neta sea negativa, al menos temporalmente. Sin embargo a estos capitalistas que se han endeudado para acometer una inversión los llamaría Schumpeter emprendedores en su Teoría del Desarrollo Económico (Schumpeter, 1934). Los emprendedores son capitalistas en potencia ya que aspiran a incorporarse a sus filas pero aún no lo han conseguido. Obviamente no podemos confundir este personaje con la figura contemporánea del autónomo glorificado también llamada “emprendedor” en el sistema propagandístico que intenta ocultar lo que no es más que autoexplotación de cortos vuelos. El emprendedor procura no arriesgar su capital y, si es avispado, dejará quebrar su empresa si comprueba que no va a conseguir que M’>M.

Los capitalistas pueden también destinar sus beneficios a la compra de bienes de lujo en la fase de reflujo pero, si realmente pertenecen a esa clase, no es creíble que se endeuden para pagar esos gastos. Puede haber quienes se endeuden para comprar bienes de lujo pero esos no serán capitalistas sino personas que quieren vivir por encima de sus posibilidades o personas que están abandonando la clase capitalista por mala fortuna o desidia.

Obviamente dentro de la clase capitalista los hay que toman préstamos de otros pero, en agregado, la clase capitalista no puede crear activos financieros netos. Los créditos de unos capitalistas son las deudas de otros pero si consolidamos todas las deudas se cancelan con los préstamos y el saldo tiene que ser forzosamente cero. Para que la clase capitalista pueda acumular beneficios retenidos en forma monetaria otro sector de la sociedad tiene que estar dispuesto a crear los activos financieros, es decir, a endeudarse. Esos solo pueden ser las familias no capitalistas, el estado o los extranjeros. El estado suministra nuevo dinero o bonos del Tesoro gracias al déficit público. Las familias se dejan atrapar en el crédito bancario para comprar los productos que les venden los capitalistas. Los extranjeros aportan depósitos en moneda extranjera o se embarcan en operaciones de crédito internacional para financiar importaciones en el comercio deficitario con las grandes potencias exportadoras.

Los capitalistas necesitan hacerse con esos activos financieros para asegurarse la acumulación de capital. Para ello es fundamental obtener un poder de mercado con un elevado grado de monopolio o situarse muy cerca del monopolista de la creación del dinero, el estado.

Referencias


Parguez, A. (2002). A Monetary Theory of Public Finance : The New Fiscal Orthodoxy: From Plummeting Deficits to Planned Fiscal Surpluses. International Journal of Political Economy, 32:3, 80-97.

Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Boston: Harvard University.


jueves, 3 de agosto de 2017

¿De dónde vienen los beneficios?

Michał Kalecki

En este post vamos a repasar una de las principales aportaciones del polaco Michal Kalecki a la Economía, la ecuación de beneficios. Si uno consulta la contabilidad nacional apreciará que la renta nacional se reparte en tres grandes magnitudes:

  • La remuneración de los asalariados
  • El excedente bruto de explotación
  • Los impuestos sobre la producción y las importaciones netos de subvenciones

El excedente bruto de explotación (EBE) es un concepto que podría asimilarse a los beneficios contables de la empresas pero es en realidad un poco más amplio porque incluye todas las rentas procedentes de la propiedad y de la empresa. A diferencia de los beneficios empresariales el EBE no excluye el consumo de capital. Si deducimos el consumo de capital fijo obtenemos el excedente neto de explotación. El consumo de capital fijo representa el montante de los activos fijos consumidos durante el período considerado como resultado del desgaste normal y la obsolescencia previsible, incluida una provisión para las pérdidas de activos fijos como consecuencia de daños accidentales asegurables. De forma aproximada podríamos decir que el EBE recoge la parte de la renta que se asigna al factor capital.

En la contabilidad nacional de España observamos la siguiente distribución de la renta nacional bruta:
Fuente: INE, cifras en millones de euros.

Al examinar la tabla podemos comprobar cómo, pese a la estabilidad relativa en el tiempo de estas grandes magnitudes, durante la crisis económica los componentes de la renta interior bruta cayeron pero no hicieron de forma uniforme. La siguiente tabla muestra que la participación de los salarios en la renta cayó más que el EBE y los impuestos sobre la producción netos de subvenciones. Por tanto los asalariados perdieron participación en el reparto de la renta en favor del capital y probablemente también absorbieron el crecimiento de los mayores impuestos aplicados como consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Tengamos en cuenta que en realidad las retribuciones de algunos altos ejecutivos, aunque formalmente se incluyan en la magnitud de los asalariados, podrían más propiamente incluirse en un concepto amplio de beneficios.


La evolución del EBE y de las rentas de la propiedad nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué determina los beneficios del factor capital entendido en su forma más amplia?

Esta cuestión ocupó a Michal Kalecki quien la abordó de una forma muy elegante y sencilla (Kalecki, 1969). Kalecki partió inicialmente de un modelo económico esquelético en el que solo habría dos clases de personas, trabajadores y capitalistas, ignorando por el momento el sector exterior y asumiendo que los impuestos son de poca importancia. Los trabajadores solo cobran salarios mientras que los capitalistas cobran los beneficios.

Recordemos además que

PRODUCTO=GASTO=RENTA

Esto nos permite describir esquemáticamente el producto interior bruto de esta forma.

Desde el punto de vista de la demanda el PIB es igual al consumo de trabajadores y capitalistas y a la inversión en capital fijo. Desde el punto de vista de las rentas el PIB=beneficios brutos+sueldos y salarios. Además suponemos que los trabajadores no ahorran y destinan toda su renta a consumo mientras que los capitalistas pueden destinar su renta a inversión o a consumo.

Dado que consumo de los trabajadores=sueldos y salarios de los trabajadores, aritméticamente se deduce que:

Beneficios brutos=consumo de los capitalistas +  inversión en capital fijo.

La ecuación es muy sencilla pero tiene una gran significación. La pregunta que se hizo Kalecki fue cuál era la variable determinada, los beneficios brutos o el consumo y la inversión. Kalecki responde

es evidente que los capitalistas pueden decidir consumir e invertir más en un determinado período que en el anterior, pero no pueden decidir ganar más. Por consiguiente son sus decisiones de inversión y consumo las que determinan sus beneficios y no vice versa.
Además Kalecki observa que

si consideramos un plazo corto podríamos decir que las inversiones y el consumo de los capitalistas están determinados por decisiones adoptadas en el pasado porque la ejecución de una inversión requiere un cierto tiempo y el consumo de los capitalistas responde a cambios en los factores que lo influyen con cierto retraso.
Estas decisiones no son estacionarias ya que los capitalistas no deciden consumir e invertir exactamente lo mismo que en el período anterior. Por ejemplo, determinados acontecimientos como la acumulación de existencias también pueden alterar las decisiones de inversión.

Kalecki ilustra el problema de los beneficios empleando una analogía marxista. Imaginemos que en la economía hay tres departamentos:


  1. Departamento de producción de bienes de inversión.
  2. Departamento de producción de bienes de consumo para capitalistas.
  3. Departamento de producción de bienes de consumo para trabajadores.
Los capitalistas del Departamento 3, después de vender una cantidad de bienes de consumo equivalente a los sueldos de sus trabajadores, todavía retendrán un excedente de bienes de consumo. Este excedente es su beneficio y esta producción se destinará al consumo de los trabajadores empleados en los otros dos Departamentos. Como los trabajadores no ahorran su consumo es igual a sus salarios. Por tanto:

Los beneficios totales serán equivalentes a la suma de los beneficios en el Departamento 1 y el Departamento 2 y los salarios pagados en ambos. O dicho de otro modo, los beneficios serán idénticos al valor de la producción en estos departamentos, es decir, el valor de la producción de bienes de inversión y el valor de la producción de bienes de consumo para capitalistas.

Además la producción de los Departamentos 1 y 2 también determinará la producción del departamento 3 si la distribución entre salarios y beneficios en todos los departamentos viene dada. La producción del Departamento 3 se verá estimulada hasta el punto en que los beneficios extraídos de la producción igualarán la producción de los salarios en los Departamentos 1 y 2. Recordemos que la producción de bienes de consumo y el empleo en el Departamento 3 tiene que alcanzar el punto en el que, una vez satisfechos las necesidades de consumo de estos trabajadores, queda un excedente que iguala los salarios de los departamentos 1 y 2.

Para alcanzar este resultado son claves los factores de distribución que determinan la distribución del ingreso, por ejemplo el grado de monopolio. Dado que los beneficios quedan determinados por decisiones de los capitalistas sobre su consumo e inversión, son los factores de distribución los que determinan finalmente el consumo de los trabajadores y, por consiguiente, el producto nacional bruto y el empleo. Es decir, una vez que los capitalistas han tomado sus decisiones el producto nacional se verá impulsado hasta el punto en que los beneficios, extraídos en función de los factores de distribución, igualen el consumo de los capitalistas y la inversión.

El planteamiento anterior es demasiado esquemático. Kalecki generaliza la ecuación de beneficios incorporando los dos sectores que ignoramos hasta ahora: el gobierno y el exterior. El gobierno recauda impuestos, compra bienes y servicios y paga transferencias. Con el sector exterior comerciamos lo cual genera unas exportaciones netas de importaciones.

Recordemos de nuevo que 

PRODUCTO=GASTO=RENTA

Representado esquemáticamente la producción se desglosa en dos columnas, donde la izquierda acumula las rentas y la derecha el gasto al que se destinan las rentas, como sigue:


La recaudación de impuestos se destinará en parte a adquisición de bienes y servicios del gobierno y en parte a transferencias (por ejemplo pensiones, ayudas de desempleo, etc.). Si restamos los impuestos menos las transferencias de ambos lados en el lado de las rentas desaparecen los impuestos pero aparecen las transferencias que añadiremos a los salarios. En el lado del gasto aparece el déficit público.


Si ahora pasamos las rentas de los trabajadores a la columna de la derecha restando en ambos lados obtenemos la siguiente ecuación de beneficios:

Beneficios netos de impuestos directos=Inversión en capital fijo+consumo de los capitalistas+déficit público+consumo de los trabajadores+saldo de la balanza comercial+déficit público-salarios netos de impuestos directos y transferencias+consumo de los trabajadores

Pero los salarios de los trabajadores netos de impuestos directos y transferencias menos su consumo no es más que el ahorro de los trabajadores. Por tanto la anterior ecuación se puede simplificar: 


Beneficios netos=Inversión en capital fijo+consumo de los capitalistas+déficit público+consumo de los trabajadores-ahorro de los trabajadores+saldo de la balanza comercial

El ahorro es igual a la inversión


Los economistas clásicos consideraban que la inversión venía limitada por los fondos disponibles generados por el ahorro y que ambas magnitudes se igualaban gracias al tipo de interés. La ecuación de Kalecki desmonta todo el andamiaje clásico sobre la inversión y el ahorro. (Por cierto, recuerden que el trato fiscalmente favorable que nuestro actual IRPF da a las rentas del ahorro se deriva de la creen falaz de que el ahorro se dirige a la inversión y que por tanto, para favorecer el crecimiento económico, habría que fomentar el ahorro).

Para examinar esta cuestión Kalecki nos invita a imaginar que el déficit público y también el saldo comercial con el exterior son cero. Además sabemos que el ahorro de los capitalistas debe ser igual a sus beneficios netos menos su consumo y el ahorro de los trabajadores es su renta salarial neta de impuestos y transferencias menos su consumo. De esta manera se cumple la identidad

Ahorro bruto=inversión bruta en capital fijo

Si de nuevo suponemos que los trabajadores no ahorran (lo cual no es una desviación muy seria de la realidad) obtenemos la anterior ecuación esquelética de beneficios:

Ahorro bruto de los capitalistas=inversión bruta en capital fijo

La identidad entre ahorro e inversión se da por definición, pero a diferencia de los economistas clásicos Kalecki entiende que son los capitalistas los que determinan su propia suerte. No son los ahorros los que determinan la inversión sino las decisiones de inversión y consumo las que determinan los beneficios.

Dentro de la clase capitalista puede haber aquéllos que deseen realizar inversiones que superen su propia capacidad de ahorro y por ello recurrirán al crédito bancario. Pero recuerden como hemos explicado en un post anterior que los bancos no necesitan obtener fondos de terceros para conceder préstamos. Es el acto de crear el préstamo el que genera automáticamente los fondos de ahorro que los financian. De esta manera el inversor generará una deuda con un banco pero, al transferir los fondos a los capitalistas que fabrican los bienes de inversión cuando compra los bienes de capital fijo, estos se encontrarán con instrumentos de ahorro que pueden consumir o retener. En definitiva ante cada decisión de inversión financiado con deuda de un capitalista otro capitalista se encontrará con los fondos en los que materializará su ahorro. Por eso no es el ahorro el que determina la inversión, como se cree vulgarmente, ¡es al revés! En este proceso Kalecki observa que el tipo de interés no tiene nada que ver. De esta forma Kalecki desmonta de un plumazo varias falacias que aun hoy están muy aceptadas por los economistas mainstream: la teoría de los fondos prestables, la tasa natural de tipo de interés y la determinación endógena de los tipos de interés.

Reflexiones sobre el superávit comercial y el déficit presupuestario

Quizás las reflexiones finales de Kalecki en su capítulo sobre la determinación de los beneficios son las que resultan más reveladoras. Los beneficios de los capitalistas dependen positivamente de la existencia de un superávit comercial y de un déficit público. Si aumenta el superávit comercial por un crecimiento de las exportaciones los beneficios empresariales crecerían en ese importante. Obviamente esto exige un aumento de la producción, el empleo y los costes salariales en el sector exportador pero los sueldos adicionales pagados en él también expandirán la producción y los beneficios de la industria de producción de bienes de consumo para los trabajadores. De esto se deduce una explicación por la cual los capitalistas tienen tanto interés en aumentar su cuota de mercado internacional. El superávit en el comercio internacional permite aumentar sus beneficios por encima de lo que permiten su propio consumo y la inversión en el mercado doméstico. El modelo de crecimiento basado en exportaciones ha sido loado por los economistas convencionales que suelen tener un interés económico en avanzar los intereses de la clase capitalista (no muerden la mano que les da de comer). Pero hemos de recordar que un superávit exportador no mejora el nivel de vida de los trabajadores. Las exportaciones son un coste, no un beneficio: es lo que tenemos que entregar a cambio de poder comprar productos de importación. Adviertan como eso no es lo que nos cuentan los diarios de color salmón, la prensa generalista, los economistas tertulianos o el gobierno. Lo que nos venden es que exportar mucho es muy bueno para el país. Ya sabemos que solo es bueno para una parte (pequeña) de la población pero muy influyente.

Un déficit en las cuentas públicas tiene un efecto similar al de las exportaciones. También permite que los beneficios aumenten más allá de lo que permiten las decisiones de inversión y de consumo de los capitalistas. Un aumento del déficit público genera activos financieros en los que los capitalistas pueden materializar el ahorro obtenido por los beneficios empresariales.

En principio los empresarios deberían ser partidarios de un déficit público ya que les beneficia de la misma manera que un superávit comercial. Sin embargo el propio Kalecki aclara las razones de la repugnancia de los empresarios (y de los economistas a su servicio) por el déficit público (Kalecki, 1943). Kalecki cita tres razones:

1. Repugnancia por la interferencia gubernamental en la solución del problema del desempleo.

En un sistema de laisser faire son los empresarios los que determinan el nivel de empleo y ocupación en función de sus expectativas y su confianza. Si la confianza de los empresarios se deteriora la inversión privada decae lo cual resulta en caídas de empleo y producción. Esto le da un enorme poder a los empresarios sobre el gobierno ya que cualquier pérdida de su confianza debe ser evitada para que no se genere una crisis. Sin embargo, cuando los gobiernos aprendieron que podían actuar directamente sobre la creación del empleo mediante un aumento del déficit este mecanismo de control pierde su eficacia. La búsqueda de un superávit público tiene que ver más bien con conseguir que el nivel de empleo dependa exclusivamente del estado de confianza de los empresarios.

2. Repugnancia por la dirección del gasto público (inversión pública y subvención del consumo)

Los empresarios desean que el gasto público se oriente hacia objetos que no compitan con su actividad: carreteras, hospitales, escuelas, defensa. Si el estado destinara el gasto público a suministrar bienes que fabrica el sector privado caería la tasa de beneficios del sector privado. La oposición a que el estado subvencione el consumo es de naturaleza moral, "ganarás el pan con el sudor de tu frente", que es fundamental para conseguir una fuerza de trabajo disciplinada. Este principio obviamente no aplica a quienes ya disponen de un patrimonio cuantioso.

3.Repugnancia por los cambios sociales y políticos que resultan del mantenimiento del pleno empleo.


Suponiendo que la sociedad superara la oposición de los capitalistas a la acción del estado, en un régimen de pleno empleo se producirían cambios sociales desfavorables a los empresarios. Los trabajadores ya no estarían sometidos a la función disciplinaria del desempleo. Esto resultaría en mejoras salariales a través de huelgas y negociación colectiva lo cual llevaría a una caída en la tasa de beneficios y aumentos de precios que perjudican los intereses de los rentistas. Al final la disciplina en el taller y la "estabilidad política", como la entienden los empresarios, merecen pagar el precio de renunciar a esos mayores beneficios que aportaría el aumento del déficit. Kalecki concluye: 

Su interés de clase les dice que el pleno empleo duradero no es sensato desde su punto de vista y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista "normal".

Referencias:


Michal Kalecki. (1969) Theory of Economic Dynamics. Augustus M. Kelly Publishers. Nueva York.


sábado, 29 de julio de 2017

¿Qué es el dinero?: Parte VII. Unas notas históricas

Unas notas históricas


Este post forma parte de una serie sobre el dinero:


En este post abordo algunas notas históricas sobre el dinero.

Henry explica que en una sociedad igualitaria sin jerarquías no hay necesidad de utilizar dinero. La transformación en sociedades jerarquizadas y estratificadas lleva naturalmente a la emanación del dinero porque tiene que desarrollarse algún método para determinar, extraer y distribuir los excedentes agrícolas, desde el campo hasta los palacios y los tempos. Es la autoridad suprema (el rey, los sacerdotes) quien somete la población a tributos, determina la unidad de cuenta y el medio en que se pueden saldar (Henry, 2004).

Cuando los españoles conquistaron el Perú aprovecharon la institución preexistente de la mita para explotar la mano de obra indígena aunque obviamente despojada de su antiguo sentido religioso y comunal del período incaico. El sistema de la mita colonial dio lugar a todo tipo de abusos y repetidas quejas sobre la explotación a la que se sometía a los indios. Lo que convertía la mita en un impuesto odioso era su carácter racial dentro de un régimen colonial. Esta infame institución podría haber sido suprimida imponiendo a la población conquistada un tributo monetario. En una economía monetaria la población sojuzgada por el colonialismo se habría visto forzada a buscar empleo en las minas y empresas que pagarían con la moneda necesaria para redimir los impuestos. El efecto habría sido el mismo: la administración virreinal habría conseguido los mineros que necesita empleando asalariados en lugar de trabajo forzado.

Sabemos por evidencia arqueológica obtenida de Mesopotamia y Egipto que el crédito existía hace miles de años y que éste precede a la creación de la moneda. Si definimos el dinero como una operación de crédito entonces podríamos aceptar la historia de que el dinero podría haber surgido de las transacciones en el sector privado como aseguran los economistas clásicos y neoclásicos desde Adam Smith aunque no en la forma de dinero mercancía que ellos imaginan.

Sin embargo que fue el estado el que promovió y creó la normativa legal necesaria para que funcionasen los mercados. Esto incluye por supuesto la definición de una unidad de cuenta.En las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia el volumen de los excedentes empezó a ser tan elevado y las obligaciones de redistribución tan complejas que los funcionarios necesitaron desarrollar un sistema para registrar las cuentas de la producción agrícola, los excedentes acumulados, los tributos de pueblos sometidos y las obligaciones tribales de reyes y sacerdotes.  Estos cálculos se realizaban con mayor sencillez empleando una unidad de cuenta que permite asignar un valor a cada tributo en especie y permite calcular la relación de intercambio para que un vasallo pueda saldar su deuda con una mercancía u otra. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el ‘deben’ fue una antigua medida de peso que empezó a utilizarse como unidad de cuenta. Un ejemplo de utilización de una unidad de cuenta en una sociedad no monetaria quedó registrado en una cita egipcia del año 1275 A.C. que narra cómo un mercader ofreció a la señora Erenofre una niña esclava cuyo precio se fijó en 4 deben 1 kite (Grierson, 1977, pág. 17). Sin embargo no existía dinero físico de tal denominación pues la moneda no se inventó hasta el siglo VI A.C. El desarrollo de unidades de cuenta, normalmente basadas en equivalencias de valor para la plata o el cobre, precedió a la creación de la moneda.

En excavaciones arqueológicas de Babilonia se han encontrado tabletas de cerámica del tamaño de una pastilla de jabón que documentan contratos llamadas "tabletas shubati". Las más antiguas datan de hace 2000 a 3000 años. La plabra shubati presente en todas ellos significa "recibido". Son registros de transacciones en términos de she, probablemente un tipo de grano. Estos registros anotan la cantidad de grano, la palabra shubati, el nombre de la persona que ha hecho la entrega, el nombre de la persona que ha recibido, la fecha y el sello del receptor o del escriba del rey. Estas tabletas se conservaban en los templos y pueden considerarse un reconocimiento de una deuda. Algunas de ellas se han encontrado en cajas que hay que romper antes de inspeccionar la tabletas. En estas cajas se inscribe el mismo contenido de la tableta pero se omiten el nombre y sello del receptor. Es evidente que ésta era una medida de protección que impedía su uso fraudulento. Solo podía conocerse el nombre del receptor manipulando la caja de cerámica, lo cual habría causado daños reconocibles e invalidaría la tableta. Resulta evidente que estas cajas servían como medio de cambio que podía transferirse de mano en mano. Nuestros ancestros estaban tan familiarizados con el crédito como nosotros. Sin embargo, los babilonios aun no conocían el dinero en metálico (Mitchell-Innes, 1913).


Una vez definida una unidad de cuenta el siguiente salto lógico es la acuñación de moneda por el estado, inicialmente como un vale que el soberano entrega a personas que han trabajado a su servicio, como los mercenarios o escribas, que pueden canjear en los pósitos reales por bienes reales o incluso entregar a un comerciante o agricultor para comprar bienes. Graeber explica que la creación de mercados organizados fue estimulada por los reyes y gobernantes precisamente para facilitar el suministro a sus ejércitos (Graeber, 2011). Es más fácil abastecer a un mercenario si se le paga una pieza metálica con un sello real que éste puede luego utilizar en el mercado para comprar lo que necesita. Tal tipo de moneda no es muy diferente de un cupón o vale. La condición para que funcione el sistema es que el comerciante o agricultor puede entonces entregar ese vale en lugar de la mercancía que le corresponde aportar como tributo.

La historia, la arqueología y la antropología aportan evidencias de que el crédito era conocido en sociedades premonetarias, que los soberanos fueron los creadores de los mercados organizados y además definían la unidad de cuenta empleada en el registro de las operaciones de crédito. Esta evidencia desmiente que el dinero fuera una creación del sector privado y que hubiera surgido naturalmente para facilitar el trueque de mercancías como suponía Adam Smith.

Una prueba definitiva de que el dinero es una creación del estado puede encontrarse en la historia numismática. Mitchell-Innes, en su ensayo sobre el dinero, comenta que

"Las antiguas monedas de Roma, a diferencia de las de Grecia, tenían sus marcas distintivas de valor, y lo más llamativo de ellas es la extrema irregularidad de su peso. Las monedas son el As y sus fracciones y siempre ha existido la tradición de que el As, que se dividía en 12 onzas, fue originalmente una moneda de cobre que pesaba una libra. Pero la moneda romana pesaba unos 327,5 gramos y Mommsen, el gran historiador de la acuñación romana, señaló que ninguna de las monedas conservadas (y había muchísimas) se acercaban a este peso, y además estaban amalgamadas con plomo así que incluso las más pesadas no contenían más de dos tercios de cobre" (Mitchell-Innes, 1913). 

La situación se va complicando con el paso del tiempo. El sestercio fue originalmente como una moneda de plata con el mismo valor que el antiguo As Aeris Gravis o Libral (As de plomo). También se introdujo un nuevo As que valía dos quintos del antiguo y un denario que vale diez nuevos ases o cuatro ases librales. La acuñación del sestercio se abandonó aunque reapareció como moneda de bronce, es decir, era un mero cupón o vale. Sin embargo siguió utilizándose como unidad de cuenta hasta la era de Diocleciano durante centenares de años. El denario se acuñaba en plata pero su aleación fue empobreciéndose con el paso del tiempo. Llegó a ser una moneda de cobre inserta entre dos láminas de plata. Es improbable que el valor del denario se basara en el contenido en plata. Según Mommsen el valor legal de la moneda era un tercio superior a su valor real y se introdujo una moneda de oro por un valor muy superior al intrínseco (Mitchell-Innes, 1913). Mitchell-Innes documenta hallazgos parecidos se hallan en la moneda de la Edad Media. Es decir, durante la mayor parte de la historia, el valor de la moneda ha sido el que declarara el soberano. Un as o un sestercio valían lo que decía el soberano que valía y no quedaba determinado por su contenido en metales preciosos. Es decir, su valor quedaba determinado por lo que el soberano estaba dispuesto a aceptar a cambio de su moneda (cuántas unidades pagaba por jornal, por ejemplo) y qué impuesto cobraba a sus súbditos.

Mitchell-Innes también cuenta como Alexander Hamilton estudió la cuestión de qué unidad monetaria emplear en un informe sobre el establecimiento una ceca en las antiguas colonias inglesas que se convertirían en los Estados Unidos de América. Su problema era que la libra no valía lo mismo en todas partes. En 1782 una libra valía cinco chelines en Georgia, ocho chelines en Nueva York y seis chelines en Nueva Inglaterra. Hamilton consideraba que era más útil emplear el dólar español, el real de a ocho. Sin embargo esta unidad tenía un inconveniente:

"Esa especie de moneda nunca ha tenido un patrón de valor de acuerdo a su peso o ley; pero se le ha permitido circular por su cuenta sin consideración de uno u otro."


En otro post posterior discutiremos por qué los estados se empeñaron en introducir una moneda cuyo valor coincidiese con el intrínseco, logro que se consiguió brevemente en el siglo XIX. También veremos como en realidad es probable que fuera el estado quien fijaba el precio del oro y la plata con sus operaciones de compra y atesoramiento de metales preciosos y emisión de moneda.

Referencias


Graeber, D. (2011). DEBT. The First 5,000 Years. Brooklyn,. New York:: Melville House Publishing.

Mitchell-Innes, A. (2004). What Is Money? En L. R. Wray, Credit and State Theory of Money Southhampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc.



domingo, 23 de julio de 2017

Cuando no gastar es malgastar

Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es 

Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919). El tratado de Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29 que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara cuestionar el proyecto europeo!

El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013 pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.

La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y sorprendentes como “los ajustes fiscales, incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin causar recesiones. Los ajustes fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen demorar la adopción de políticas fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de impuestos  (Alesina, 2010). ¡Olé, olé, olé!

El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la austeridad.

Un año después del discurso de Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la equidad social en nuestro país[i] (Trichet & Ferández Ordóñez, 2011). Un mes más tarde, Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.

El artículo fue aprobado de forma expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina Miltimore, 2014).Resulta evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas(Sánchez Pérez-Castejón, 2011).

No sé si los socialistas son conscientes del grave error que cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos con esta reforma  me parece improbable que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades socialmente más útiles.
Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.

La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Son muchos principios, todos ellos con malos finales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el 2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el 2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia. ¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?

El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española». Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability, 2016). En definitiva: si estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?

Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la crisis se antoja prácticamente imposible.

El gestor público que quisiera introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.
Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar. Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar. Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14 señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.

Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”. Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

Los propósitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento. Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector exterior.



Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de 73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.

Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política, nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el aumento de las desigualdades.

Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad y sacrificios.

La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?





[i] El Viernes 19 de diciembre de 2014 el Banco Central Europeo publicaba la correspondencia de 2011 de Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José Luís Rodríguez Zapatero, instando a éste a tomar medidas que apoyen “su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencia creíble". La carta puede leerse íntegra aquí.


Referencias bibliográficas



Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.
Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Keynes, J. M. (1919). Economic Consequences of the Peace.
Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero: http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html
Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad y justicia social. Obtenido de El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802
Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability. (5 de julio de 2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto de 2011). Gurusblog. Obtenido de https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf

lunes, 17 de julio de 2017

Incompetencia y oligarquía

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el pasado 8 de julio de 2017

Hubo un tiempo en el que el Banco Popular fue el más rentable de Europa. La entidad, fundada a principios del siglo XX, conoció una época dorada en la segunda mitad de esa centuria cuando se admiraba su modelo de gestión bancaria caracterizado por la prudencia. Fue un banco mediano con un negocio muy orientado a las PYMEs, cuya gerencia mantenía conocidas vinculaciones con el Opus Dei.
Todo cambió con la burbuja inmobiliaria, esa epidemia de irracionalidad que se apoderó de los gestores bancarios inoculados por el virus “España va bien” liberado al medioambiente español por José María Aznar. El presidente más nefasto de nuestra historia inauguró un ciclo de crecimiento económico enfermizo y putrefacto que combinaba opacidad fiscal, especulación incontrolada con un bien de primera necesidad, liberalización del suelo y una gangrenosa corrupción de las administraciones locales. En el pico de la burbuja, alcanzado en el año 2006, se constituyeron 1,3 millones de préstamos hipotecarios por valor de 138,3 mil millones de euros (¡Más del 14% del PIB español de aquellos años!). Hoy cuesta recordar que en el año 2008 se estaban terminando entre 70.000 y 80.000 viviendas cada mes. La banca española se embarcó imprudentemente en este juego y el Popular no quiso perderse la fiesta.
La burbuja inmobiliaria es una manifestación de un proceso descrito como financiarización, un hallazgo de un capitalismo atlántico que ya no encontraba atractiva la inversión real. Es una estrategia de crecimiento dependiente de un endeudamiento masivo de los hogares y empresas con crédito destinado a la construcción y la especulación financiera. En el pico de la burbuja tres sectores, —financiero, inmobiliario y constructor— llegaron a suponer el 25% del valor añadido bruto total de nuestra economía. El modelo estaba abocado a la crisis en el momento en que muchas de estas operaciones podían caracterizarse como inversiones “Ponzi” empleando la terminología de Hyman Minsky, es decir, se destinaban a la compra de activos que ni siquiera generaban caja suficiente para pagar los intereses. La inversión en suelo urbano o urbanizable es un ejemplo de capitalismo Ponzi porque una parcela vacía no rinde nada.
Cuando estalló la crisis los bancos españoles acumulaban en sus carteras miles de millones de euros de inversiones inmobiliarias tipo Ponzi: parcelas sin construir, créditos a promotores insolventes, hipotecas concedidas a familias con todos sus miembros en paro. La morosidad y los préstamos fallidos lastraban los balances de los bancos españoles y en 2012 se produjo el primer episodio de crisis financiera que llevó al rescate de las cajas de ahorros. Pero el rescate de 2012 no saneó los balances de todas las entidades bancarias.
Durante demasiados años nuestros políticos han jugado a darle patadas a la lata. Los sucesivos Gobiernos del Reino de España han echado un capote a la banca antes que permitir que reconociesen las pérdidas. Por ejemplo evitando que el valor en libros de muchos activos tóxicos fuera reconocido por su precio de mercado o subvencionando sus impuestos con el reconocimiento de unos créditos fiscales diferidos que permitían deducir unas pérdidas que aún no habían sido reconocidas. Pese a todo, una recuperación económica rápida habría podido sanearlos rápidamente. Sin embargo un año antes, en 2011, el nefasto cuarteto integrado por Barroso, Trichet, Merkel y Sarkozy impuso el giro a la austeridad en los países de la periferia europea. Antepusieron la salvación de su propia banca nacional, que había prestado alegremente a los bancos de la periferia, para lo cual exigieron que todos los recursos públicos de los estados periféricos, se destinaran prioritariamente a amortizar deuda. La recaída en la recesión ha prorrogado nuestra crisis económica prácticamente una década. No hay balance bancario que pueda soportar una década de depresión económica sin peligro de caer en la insolvencia.
Mientras tanto los gobiernos trataban de ganar tiempo. Fue el gobierno de Zapatero el que se prestó voluntariamente a un ejercicio de “transparencia”, los llamados test de esfuerzo que simulaban la resiliencia de los balances bancarios en un entorno adverso. Estas pruebas han demostrado ser perfectamente prescindibles. Alguien tendría que explicar por qué el Banco Popular superó las pruebas que la Autoridad Bancaria Europea le había impuesto el año pasado.
Al tiempo que las autoridades europeas llevaban las economías de la periferia a su segundo zambullido en la crisis se disparaba la llamada prima de riesgo, el diferencial que pagaba la deuda española respecto al rendimiento de la deuda alemana. Lejos de reconocer que la prima de riesgo fue consecuencia de una desdichada unión monetaria en la que se privaba de sus bancos centrales a unos estados que retenían sus competencias en el ámbito fiscal se atribuía este fenómeno un castigo de los mercados a estados derrochadores. Se quiso ver también un bucle diabólico entre bancos y estados. Los bancos necesitan presentar colateral de calidad, normalmente deuda pública, para acceder a la liquidez del banco central. Pero, si los mercados no querían comprar la deuda de los países periféricos, porque carecía del respaldo de un banco central, los bancos dejaban de tomar posiciones en esta deuda; precisamente en un momento en que esos mismos estados se veían obligados a destinar cuantiosos recursos financieros para rescatar a las entidades financieras.
La unión bancaria se nos ha vendido como la solución para romper este bucle diabólico. Entregar la supervisión bancaria al BCE y crear un mecanismo de resolución bancaria separaría definitivamente a los estados de los riesgos sistémicos originados en la banca privada.
La crisis del Banco Popular ha sido la primera oportunidad para que el mecanismo europeo de resolución bancaria demostrara su utilidad y ha fallado estrepitosamente. Se conocía desde hace meses que el Banco Popular tenía problemas de solvencia y liquidez. El supervisor bancario debe vigilar los ratios de liquidez que exigen las normas de Basilea III. El caso es que la liquidez del Banco Popular se secó más rápidamente que las aceras tras una tormenta de verano. Parece ser que en sus estertores finales la entidad estaba obteniendo financiación del BCE con un descuento del 90% sobre el valor nominal de los títulos que estaba presentado como colateral lo cual quiere decir que estaba llevando a la ventanilla la poca morralla que aún quedaba en su cartera. Según declaró el ministro de Guindos las sucesivas recalificaciones a la baja por las entidades de rating provocaron una precipitada fuga de depósitos. Además la Agencia Reuters se hizo eco de una filtración procedente de Elke König, Directora Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB), que habría contribuido a acelerar la huida.
¿Cómo es que el supervisor europeo no activó las alarmas para una intervención oportuna? ¿Cómo se explica la pasividad de unas autoridades que dejaron que la situación se degradase a un punto tal que la entidad agotó su liquidez horas antes de la operación de venta al Banco Santander?
En su intervención ante el Parlamento Europeo, Danièle Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión Bancaria del BCE, reconoció que su organismo estuvo vigilando la liquidez de la entidad y sin embargo su entidad no llegó a actuar por problemas de diseño legal que exigen aplicar criterios de proporcionalidad. Nouy reconoció que no había diálogo entre el departamento del BCE que estaba descontando el papel basura del Popular y el suyo. El mecanismo de supervisión bancario tiene serias carencias y sigue sin ser operativo porque le faltan componentes fundamentales como un seguro de garantía de depósitos europeo y un fondo europeo de resolución bancaria. La unión bancaria europea está en pañales y en sus dos primeras pruebas, la crisis del Popular y de los bancos venecianos, no solo no ha ayudado sino que ha entorpecido la búsqueda de una solución. El supervisor europeo tiene pocos remedios que ofrecer más allá de liquidar instituciones bancarias con un elevadísimo coste para los fondos nacionales de garantía de depósitos.
La Unión Europea postula que sean los accionistas y bonistas de las entidades bancarias los que asuman el coste de los procesos de resolución bancaria en primer lugar para evitar problemas de riesgo moral. Parece un argumento impecable pero observemos que hay muchos pequeños ahorradores que han invertido en acciones y deuda subordinada de las entidades bancarias. Muchos carecen de la formación financiera para entender qué tipo de riesgos asumen y ciertamente no tienen ninguna capacidad de influir en la gestión de las entidades. ¿En qué clase de riesgo moral estaba incurriendo el abuelo que todavía confiaba en títulos la entidad como producto de ahorro?
Una llamada de Saracho, el presidente de la entidad, fue la que alertó a Guindos de la falta de liquidez del banco. Fue finalmente el gobierno español quien resolvería la situación actuando de forma muy favorable a los intereses del Grupo Santander. La liquidación y venta precipitada al Grupo Santander por 1 euro del Popular plantea legítimas dudas acerca de la justicia del trato dado a unos pequeños inversores a los que se ha desplumado sin contemplaciones. La pregunta que nos hacemos es si la actuación de las autoridades nacionales y europeas revela incompetencia o conflicto de intereses o ambas cosas a la vez.
La cuestión de fondo es que un banco en realidad es una entidad público-privada. Sus accionistas pueden ser particulares pero un banco disfruta de privilegios que no tienen otras empresas privadas. Los bancos centrales tiene el poder de decidir su destino cuando incurren en problemas de solvencia y liquidez. Que quiebre o no una entidad bancaria es una decisión política dentro de un marco institucional establecido por ley. Esta misma semana el gobierno italiano ha tenido que anticiparse de nuevo ante la lentitud del mecanismo de resolución bancaria europeo concediendo una ayuda de 17 mil millones de euros, entre garantías y dinero desembolsado, destinados a liquidar dos bancos venecianos. De nuevo una entidad privada, Intesa Sanpaolo, será el principal beneficiario de este paquete de ayuda ya que se quedará con los activos buenos mientras que los “tóxicos” serán gestionados por un banco malo. El resultado habría podido ser una nacionalización, una liquidación ordenada o la venta a otra entidad bancaria pero de nuevo se escogió la solución que más favorecía a una entidad privada y menos a los intereses generales.
Una nacionalización sin embargo parece que habría sido mal acogida por una opinión publicada contraria a la banca pública y a acusaciones de que el coste lo paga el contribuyente. Pero esto es sorprendente porque el diseño institucional y estos prejuicios ideológicos conducen a que el Banco Santander se quede con la entidad por 1 euro o San Paolo reciba más de 17 mil millones de euros en ayudas públicas. ¿No habría sido más eficaz y justa una nacionalización? La fobia a lo público y la ideología del libre mercado ha impedido escoger una opción quizás superior. La caída de las cajas se presentó como un ejemplo de nefasta gestión pública que se quería contrastar con una superior administración privada. Ahora la caída del Popular desmonta el mito de la superior gerencia privada y nos plantea la pregunta de por qué sí se nacionalizan las cajas —que acabarán privatizando— y no se hace lo mismo con el Popular.
Se nos dice que la venta de Popular fue el resultado de un proceso competitivo pero solo consta que en la puja participaran BBVA, Bankia y Santander. Que el precio final haya sido un euro lo último que demuestra es que haya habido una subasta transparente y organizada con criterios de mercado. Más bien asistimos al reparto de un botín. Bankia acaba de quedarse con Mare Nostrum. No nos parece descabellado imaginar que BBVA acabe absorbiendo Bankia cuando se privatice.
El grupo Santander se hace con la cartera de préstamos provisionados y con los depósitos del Popular, limpios de polvo y paja, por un euro mientras que los accionistas y bonistas pierden toda su inversión. El resultado es el mayor grado de concentración bancaria de nuestra historia. Si la crisis de las cajas ha privado a muchas regiones de España de una entidad de crédito esta última operación va a reducir aún más la competencia en el sector. Tras la fusión de Santander y Popular cinco entidades controlan tres cuartas partes del negocio bancario. Si BBVA adquiere lo que queda de Bankia el grado de monopolio será aún mayor. Podemos esperar mayores comisiones bancarias, márgenes de intermediación más elevados y una mayor dependencia del tejido empresarial español de un puñado de entidades financieras.


Fuentes: CECA y AEB
Es preocupante la colaboración del estado en la creación de gigantes bancarios, entidades demasiado grandes como para dejarlas caer (“too big to fail”). Los mecanismos de resolución bancaria europeos permiten la liquidación de bancos no sistémicos pero esto monstruos no podrán ser liquidados. Tendrán que ser rescatados cuando algún día incurran en problemas financieros. El capitalismo europeo ha entrado en una fase de concentración oligopolística extrema lo cual nos convierte a todos en rehenes de sus decisiones.

Y ahora viene la crisis de Liberbank…