Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

domingo, 23 de julio de 2017

Cuando no gastar es malgastar

Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es 

Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919). El tratado de Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29 que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara cuestionar el proyecto europeo!

El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013 pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.

La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y sorprendentes como “los ajustes fiscales, incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin causar recesiones. Los ajustes fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen demorar la adopción de políticas fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de impuestos  (Alesina, 2010). ¡Olé, olé, olé!

El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la austeridad.

Un año después del discurso de Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la equidad social en nuestro país[i] (Trichet & Ferández Ordóñez, 2011). Un mes más tarde, Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.

El artículo fue aprobado de forma expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina Miltimore, 2014).Resulta evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas(Sánchez Pérez-Castejón, 2011).

No sé si los socialistas son conscientes del grave error que cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos con esta reforma  me parece improbable que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades socialmente más útiles.
Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.

La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Son muchos principios, todos ellos con malos finales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el 2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el 2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia. ¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?

El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española». Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability, 2016). En definitiva: si estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?

Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la crisis se antoja prácticamente imposible.

El gestor público que quisiera introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.
Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar. Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar. Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14 señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.

Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”. Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

Los propósitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento. Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector exterior.



Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de 73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.

Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política, nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el aumento de las desigualdades.

Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad y sacrificios.

La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?





[i] El Viernes 19 de diciembre de 2014 el Banco Central Europeo publicaba la correspondencia de 2011 de Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José Luís Rodríguez Zapatero, instando a éste a tomar medidas que apoyen “su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencia creíble". La carta puede leerse íntegra aquí.


Referencias bibliográficas



Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.
Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Keynes, J. M. (1919). Economic Consequences of the Peace.
Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero: http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html
Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad y justicia social. Obtenido de El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802
Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability. (5 de julio de 2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto de 2011). Gurusblog. Obtenido de https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf

lunes, 17 de julio de 2017

Incompetencia y oligarquía

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el pasado 8 de julio de 2017

Hubo un tiempo en el que el Banco Popular fue el más rentable de Europa. La entidad, fundada a principios del siglo XX, conoció una época dorada en la segunda mitad de esa centuria cuando se admiraba su modelo de gestión bancaria caracterizado por la prudencia. Fue un banco mediano con un negocio muy orientado a las PYMEs, cuya gerencia mantenía conocidas vinculaciones con el Opus Dei.
Todo cambió con la burbuja inmobiliaria, esa epidemia de irracionalidad que se apoderó de los gestores bancarios inoculados por el virus “España va bien” liberado al medioambiente español por José María Aznar. El presidente más nefasto de nuestra historia inauguró un ciclo de crecimiento económico enfermizo y putrefacto que combinaba opacidad fiscal, especulación incontrolada con un bien de primera necesidad, liberalización del suelo y una gangrenosa corrupción de las administraciones locales. En el pico de la burbuja, alcanzado en el año 2006, se constituyeron 1,3 millones de préstamos hipotecarios por valor de 138,3 mil millones de euros (¡Más del 14% del PIB español de aquellos años!). Hoy cuesta recordar que en el año 2008 se estaban terminando entre 70.000 y 80.000 viviendas cada mes. La banca española se embarcó imprudentemente en este juego y el Popular no quiso perderse la fiesta.
La burbuja inmobiliaria es una manifestación de un proceso descrito como financiarización, un hallazgo de un capitalismo atlántico que ya no encontraba atractiva la inversión real. Es una estrategia de crecimiento dependiente de un endeudamiento masivo de los hogares y empresas con crédito destinado a la construcción y la especulación financiera. En el pico de la burbuja tres sectores, —financiero, inmobiliario y constructor— llegaron a suponer el 25% del valor añadido bruto total de nuestra economía. El modelo estaba abocado a la crisis en el momento en que muchas de estas operaciones podían caracterizarse como inversiones “Ponzi” empleando la terminología de Hyman Minsky, es decir, se destinaban a la compra de activos que ni siquiera generaban caja suficiente para pagar los intereses. La inversión en suelo urbano o urbanizable es un ejemplo de capitalismo Ponzi porque una parcela vacía no rinde nada.
Cuando estalló la crisis los bancos españoles acumulaban en sus carteras miles de millones de euros de inversiones inmobiliarias tipo Ponzi: parcelas sin construir, créditos a promotores insolventes, hipotecas concedidas a familias con todos sus miembros en paro. La morosidad y los préstamos fallidos lastraban los balances de los bancos españoles y en 2012 se produjo el primer episodio de crisis financiera que llevó al rescate de las cajas de ahorros. Pero el rescate de 2012 no saneó los balances de todas las entidades bancarias.
Durante demasiados años nuestros políticos han jugado a darle patadas a la lata. Los sucesivos Gobiernos del Reino de España han echado un capote a la banca antes que permitir que reconociesen las pérdidas. Por ejemplo evitando que el valor en libros de muchos activos tóxicos fuera reconocido por su precio de mercado o subvencionando sus impuestos con el reconocimiento de unos créditos fiscales diferidos que permitían deducir unas pérdidas que aún no habían sido reconocidas. Pese a todo, una recuperación económica rápida habría podido sanearlos rápidamente. Sin embargo un año antes, en 2011, el nefasto cuarteto integrado por Barroso, Trichet, Merkel y Sarkozy impuso el giro a la austeridad en los países de la periferia europea. Antepusieron la salvación de su propia banca nacional, que había prestado alegremente a los bancos de la periferia, para lo cual exigieron que todos los recursos públicos de los estados periféricos, se destinaran prioritariamente a amortizar deuda. La recaída en la recesión ha prorrogado nuestra crisis económica prácticamente una década. No hay balance bancario que pueda soportar una década de depresión económica sin peligro de caer en la insolvencia.
Mientras tanto los gobiernos trataban de ganar tiempo. Fue el gobierno de Zapatero el que se prestó voluntariamente a un ejercicio de “transparencia”, los llamados test de esfuerzo que simulaban la resiliencia de los balances bancarios en un entorno adverso. Estas pruebas han demostrado ser perfectamente prescindibles. Alguien tendría que explicar por qué el Banco Popular superó las pruebas que la Autoridad Bancaria Europea le había impuesto el año pasado.
Al tiempo que las autoridades europeas llevaban las economías de la periferia a su segundo zambullido en la crisis se disparaba la llamada prima de riesgo, el diferencial que pagaba la deuda española respecto al rendimiento de la deuda alemana. Lejos de reconocer que la prima de riesgo fue consecuencia de una desdichada unión monetaria en la que se privaba de sus bancos centrales a unos estados que retenían sus competencias en el ámbito fiscal se atribuía este fenómeno un castigo de los mercados a estados derrochadores. Se quiso ver también un bucle diabólico entre bancos y estados. Los bancos necesitan presentar colateral de calidad, normalmente deuda pública, para acceder a la liquidez del banco central. Pero, si los mercados no querían comprar la deuda de los países periféricos, porque carecía del respaldo de un banco central, los bancos dejaban de tomar posiciones en esta deuda; precisamente en un momento en que esos mismos estados se veían obligados a destinar cuantiosos recursos financieros para rescatar a las entidades financieras.
La unión bancaria se nos ha vendido como la solución para romper este bucle diabólico. Entregar la supervisión bancaria al BCE y crear un mecanismo de resolución bancaria separaría definitivamente a los estados de los riesgos sistémicos originados en la banca privada.
La crisis del Banco Popular ha sido la primera oportunidad para que el mecanismo europeo de resolución bancaria demostrara su utilidad y ha fallado estrepitosamente. Se conocía desde hace meses que el Banco Popular tenía problemas de solvencia y liquidez. El supervisor bancario debe vigilar los ratios de liquidez que exigen las normas de Basilea III. El caso es que la liquidez del Banco Popular se secó más rápidamente que las aceras tras una tormenta de verano. Parece ser que en sus estertores finales la entidad estaba obteniendo financiación del BCE con un descuento del 90% sobre el valor nominal de los títulos que estaba presentado como colateral lo cual quiere decir que estaba llevando a la ventanilla la poca morralla que aún quedaba en su cartera. Según declaró el ministro de Guindos las sucesivas recalificaciones a la baja por las entidades de rating provocaron una precipitada fuga de depósitos. Además la Agencia Reuters se hizo eco de una filtración procedente de Elke König, Directora Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB), que habría contribuido a acelerar la huida.
¿Cómo es que el supervisor europeo no activó las alarmas para una intervención oportuna? ¿Cómo se explica la pasividad de unas autoridades que dejaron que la situación se degradase a un punto tal que la entidad agotó su liquidez horas antes de la operación de venta al Banco Santander?
En su intervención ante el Parlamento Europeo, Danièle Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión Bancaria del BCE, reconoció que su organismo estuvo vigilando la liquidez de la entidad y sin embargo su entidad no llegó a actuar por problemas de diseño legal que exigen aplicar criterios de proporcionalidad. Nouy reconoció que no había diálogo entre el departamento del BCE que estaba descontando el papel basura del Popular y el suyo. El mecanismo de supervisión bancario tiene serias carencias y sigue sin ser operativo porque le faltan componentes fundamentales como un seguro de garantía de depósitos europeo y un fondo europeo de resolución bancaria. La unión bancaria europea está en pañales y en sus dos primeras pruebas, la crisis del Popular y de los bancos venecianos, no solo no ha ayudado sino que ha entorpecido la búsqueda de una solución. El supervisor europeo tiene pocos remedios que ofrecer más allá de liquidar instituciones bancarias con un elevadísimo coste para los fondos nacionales de garantía de depósitos.
La Unión Europea postula que sean los accionistas y bonistas de las entidades bancarias los que asuman el coste de los procesos de resolución bancaria en primer lugar para evitar problemas de riesgo moral. Parece un argumento impecable pero observemos que hay muchos pequeños ahorradores que han invertido en acciones y deuda subordinada de las entidades bancarias. Muchos carecen de la formación financiera para entender qué tipo de riesgos asumen y ciertamente no tienen ninguna capacidad de influir en la gestión de las entidades. ¿En qué clase de riesgo moral estaba incurriendo el abuelo que todavía confiaba en títulos la entidad como producto de ahorro?
Una llamada de Saracho, el presidente de la entidad, fue la que alertó a Guindos de la falta de liquidez del banco. Fue finalmente el gobierno español quien resolvería la situación actuando de forma muy favorable a los intereses del Grupo Santander. La liquidación y venta precipitada al Grupo Santander por 1 euro del Popular plantea legítimas dudas acerca de la justicia del trato dado a unos pequeños inversores a los que se ha desplumado sin contemplaciones. La pregunta que nos hacemos es si la actuación de las autoridades nacionales y europeas revela incompetencia o conflicto de intereses o ambas cosas a la vez.
La cuestión de fondo es que un banco en realidad es una entidad público-privada. Sus accionistas pueden ser particulares pero un banco disfruta de privilegios que no tienen otras empresas privadas. Los bancos centrales tiene el poder de decidir su destino cuando incurren en problemas de solvencia y liquidez. Que quiebre o no una entidad bancaria es una decisión política dentro de un marco institucional establecido por ley. Esta misma semana el gobierno italiano ha tenido que anticiparse de nuevo ante la lentitud del mecanismo de resolución bancaria europeo concediendo una ayuda de 17 mil millones de euros, entre garantías y dinero desembolsado, destinados a liquidar dos bancos venecianos. De nuevo una entidad privada, Intesa Sanpaolo, será el principal beneficiario de este paquete de ayuda ya que se quedará con los activos buenos mientras que los “tóxicos” serán gestionados por un banco malo. El resultado habría podido ser una nacionalización, una liquidación ordenada o la venta a otra entidad bancaria pero de nuevo se escogió la solución que más favorecía a una entidad privada y menos a los intereses generales.
Una nacionalización sin embargo parece que habría sido mal acogida por una opinión publicada contraria a la banca pública y a acusaciones de que el coste lo paga el contribuyente. Pero esto es sorprendente porque el diseño institucional y estos prejuicios ideológicos conducen a que el Banco Santander se quede con la entidad por 1 euro o San Paolo reciba más de 17 mil millones de euros en ayudas públicas. ¿No habría sido más eficaz y justa una nacionalización? La fobia a lo público y la ideología del libre mercado ha impedido escoger una opción quizás superior. La caída de las cajas se presentó como un ejemplo de nefasta gestión pública que se quería contrastar con una superior administración privada. Ahora la caída del Popular desmonta el mito de la superior gerencia privada y nos plantea la pregunta de por qué sí se nacionalizan las cajas —que acabarán privatizando— y no se hace lo mismo con el Popular.
Se nos dice que la venta de Popular fue el resultado de un proceso competitivo pero solo consta que en la puja participaran BBVA, Bankia y Santander. Que el precio final haya sido un euro lo último que demuestra es que haya habido una subasta transparente y organizada con criterios de mercado. Más bien asistimos al reparto de un botín. Bankia acaba de quedarse con Mare Nostrum. No nos parece descabellado imaginar que BBVA acabe absorbiendo Bankia cuando se privatice.
El grupo Santander se hace con la cartera de préstamos provisionados y con los depósitos del Popular, limpios de polvo y paja, por un euro mientras que los accionistas y bonistas pierden toda su inversión. El resultado es el mayor grado de concentración bancaria de nuestra historia. Si la crisis de las cajas ha privado a muchas regiones de España de una entidad de crédito esta última operación va a reducir aún más la competencia en el sector. Tras la fusión de Santander y Popular cinco entidades controlan tres cuartas partes del negocio bancario. Si BBVA adquiere lo que queda de Bankia el grado de monopolio será aún mayor. Podemos esperar mayores comisiones bancarias, márgenes de intermediación más elevados y una mayor dependencia del tejido empresarial español de un puñado de entidades financieras.


Fuentes: CECA y AEB
Es preocupante la colaboración del estado en la creación de gigantes bancarios, entidades demasiado grandes como para dejarlas caer (“too big to fail”). Los mecanismos de resolución bancaria europeos permiten la liquidación de bancos no sistémicos pero esto monstruos no podrán ser liquidados. Tendrán que ser rescatados cuando algún día incurran en problemas financieros. El capitalismo europeo ha entrado en una fase de concentración oligopolística extrema lo cual nos convierte a todos en rehenes de sus decisiones.

Y ahora viene la crisis de Liberbank…

lunes, 3 de julio de 2017

Rompamos la hucha de las pensiones, vaciémosla y tirémosla al fondo del mar

Editorial publicado por la redacción de Red MMT el pasado 1 de julio de 2017.



Una vez más nos llegan voces de alarma porque el Gobierno ha roto la hucha de las pensiones. En esta ocasión, además, ha concedido un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social en lo que se presenta como el principio de una senda de peligroso endeudamiento de un sistema, a pocas jornadas de caer en la insostenibilidad e incumplir sus obligaciones con los pensionistas.
Los titulares alarmistas en relación a este asunto inquietan a quienes han contribuido al aprovisionamiento social de bienes y servicios durante su vida laboral y ahora se preguntan sobre la certidumbre de la pensión de jubilación para la que han cotizado. Quienes hoy están creando con su trabajo ese excedente productivo, que paga las pensiones actuales y que beneficia a toda la comunidad, se preguntarán si no deberían correr a asegurar su estabilidad futura bajo la gestión privada responsable, lejos de la insostenibilidad de la gestión pública. ¿Tienen razón quienes cuestionan continuamente la sostenibilidad de las pensiones públicas o son simples declaraciones interesadas para que piquemos el anzuelo de los fondos de pensiones privados y ayudemos así a engrasar el engranaje de la especulación financiera? Creemos que ambas cosas son parcialmente ciertas, habiendo cierta retroalimentación entre ellas.
El argumento habitual sobre el que se construyen los escenarios del Apocalipsis de las pensiones es la baja relación entre afiliados a la seguridad social y pensionistas, ratio que ofrece el Ministerio de Empleo. Está estancado en 2,25 afiliados por pensionista desde hace años y se teme que, debido a los malos datos demográficos españoles, caiga aún más en el futuro. Los defensores del sistema público esgrimen que la insuficiencia de la hucha es un problema derivado de la enorme cantidad de desempleados que tenemos en el país, así como de la precariedad de los nuevos empleos. Los nuevos trabajadores perciben salarios más menguados y el Gobierno del avispado señor Rajoy ha subvencionado su contratación con tipos de cotización más bajos a la par que fomentaba la precarización. Además los que se jubilan ahora cobran las pensiones más altas de la historia gracias a que cotizaron en años en los que la economía española generaba rentas salariales más dignas.
En un extremo del espectro político nos encontramos con quienes creen que “normalizando” el mercado de trabajo, asimilándolo a una mercancía cualquiera, se terminaría con la discusión sobre la sostenibilidad del sistema público las pensiones. La hucha fascina a los políticos del PSOE, quienes se atribuyen el logro fantasioso de habérnosla dejado colmada cuando las cotizaciones excedían las prestaciones durante los “buenos” viejos tiempos de la burbuja inmobiliaria. Los sindicatos y partidos de la oposición se pronuncian por aumentar el Fondo de Reserva financiando las pensiones vía impuestos. Pero muchos no han advertido de que se trata del clásico truco consistente en sacar dinero del bolsillo izquierdo y meterlo en el derecho: no somos más ricos por ello pero el bolsillo derecho se siente mucho mejor. La famosa hucha no es más que otra criatura neoliberal con la que encadenar la acción del gobierno. En el otro extremo encontramos entidades especializadas en producir malos augurios y pronosticar inminentes colapsos. El Banco de España y la OCDE demandan reformas estructurales que aumenten la edad de jubilación o modifiquen el montante de las pensiones endureciendo los requisitos. Ciertos expertos consultados por la Comisión del Pacto de Toledo proponen medidas como sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema. Entretanto las entidades financieras se frotan las manos ante la expectativa de atraer a las amedrentadas clases medias a su negocio de fondos de pensiones.
Sentimos discrepar con todas las partes. Frente a esta serie de parches transitorios o la disolución del mismo en uno mayor al incluirlo dentro del presupuesto público, creemos que se debe afrontar el problema de raíz eliminando la excusa para privatizarlas: el artificial problema de insostenibilidad que crea este sistema. Muchos han caído en las sucesivas trampas neoliberales en torno a las finanzas públicas. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que el estado necesita acceder a fondos creados por el sector privado para financiar sus actividades lo cual solo es posible bajo la improbable hipótesis de que algunos de nosotros tengamos máquinas de imprimir billetes en nuestros sótanos. Quienes conocen la teoría moderna de la moneda ya han comprendido que nos enfrentamos otra vez al enésimo atentado contra lo público.
Sin comprender el funcionamiento de nuestro sistema monetario la discusión cae dentro de estrechos márgenes fiscales en los que se debe asegurar un equilibrio entre los gastos y los ingresos que deberían ser capaces de financiarlos. El habitual esquema mental que tenemos sobre el problema de las pensiones es totalmente erróneo. Debemos arrojar la hucha de las pensiones a lo más profundo del mar, rompiéndola antes para vaciar hasta el último céntimo de su contenido; hoy mismo. Deshagámonos de esta abominación que no engendra más que inconvenientes y contratiempos auspiciados por la lógica neoliberal de constreñir la función del Gobierno con reglas financieras artificiosas y arbitrarias. Encerremos bajo doble llave las ideas de la hacienda pública responsable junto al sepulcro de El Cid.
El debate debe trascender la robustez del equilibrio presupuestario que obsesiona a los ceñudos reformistas de nuestro sistema de pensiones y despierta los apetitos de los gestores de fondos. Pero, que se puedan pagar y financiar las pensiones ¿significa que éstas son sostenibles indefinidamente? En principio no, si bien no nos encontramos ante una restricción de la esfera financiera. Su sostenibilidad debe ser atendida en el sector real de la economía, esto es, en la creación de un excedente productivo. Los jubilados no consumen las contribuciones de su trabajo pasado, sino los productos y servicios que hay en el momento en que ellos ya no contribuyen al aprovisionamiento social de bienes y servicios de la comunidad. Para atender a los ancianos de mañana basta con que haya suficientes trabajadores empleados en el futuro produciendo alimentos, vivienda, energía eléctrica, vestimentas y servicios sanitarios y de cuidados, ocio y cultura en cuantía suficiente para atender al conjunto de la población. Un mejor trato a la juventud también ayudará a la reproducción de las clases trabajadoras, hoy razonablemente reticentes a crear nuevos hogares.
Cómo decida en el futuro el Gobierno trasladar ese excedente real hacia las clases pasivas es una cuestión que podría resolverse de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos abandonar el esquema insolidario actual en el que los trabajadores más pobres contribuyen proporcionalmente más que Lionel Messi o Amancio Ortega a la tesorería de la Seguridad Social. También podríamos aceptar que la Tesorería de la Seguridad Social tuviera un déficit perpetuo cubierto por la Tesorería General del Estado lo cual, aunque a algunos les parezca sorprendente, no socavaría los cimientos de la civilización occidental. Utilizando la imaginación de la que carecen las autoridades europeas, proponemos también que las pensiones sean financiadas directamente por el banco central. Como monopolista de la moneda no se ve sometido a restricción financiera alguna. Es forzoso reconocer que como usuarios del euro, a todos los efectos una moneda extranjera, el monopolista hoy es el Banco Central Europeo. Entre los responsables de esa entidad abundan los entusiastas de la “responsabilidad” fiscal pero, con un cambio de los Tratados de la UE, el emisor europeo podría pagar todas las pensiones de los jubilados europeos indexando éstas a algún tipo de fórmula que tenga en cuenta el salario medio del país y la vida laboral. Esta es una opción técnicamente realizable, puesto que el emisor europeo es el único agente que puede crear nuevo poder de compra que se utilizaría para encauzar esos excedentes reales hacia los jubilados. Este nuevo dinero es deuda de una entidad que por definición nunca puede ser insolvente. Si les preocupa la inflación no se agobien: posteriormente los estados pueden cancelar el poder de compra sobrante con un nivel de imposición adecuado y justamente repartido entre los productores.
Lo que sí podemos asegurarles es que ninguna hucha dotada hoy por el Estado sirve al propósito de generar ese excedente productivo en el futuro. No dejemos que aten la democracia a mecanismos artificiales de control a sus reglas neoliberales. Abandonemos el esquema mental erróneo de que un Estado o la Seguridad Social deben equilibrar su presupuesto y avancemos hacia la soberanía para garantizar nuestras pensiones y el pleno empleo.

jueves, 22 de junio de 2017

Reflexiones de quienes no dejan de mirarse al ombligo

Recientemente la Comisión Europea ha publicado un documento de reflexión titulado “Profundizando en la unión económica y monetaria” que plantea algunas reformas para fortalecer la unión económica y monetaria. Es una tortura leer cualquier documento generado por este organismo multilateral y éste mantiene la tónica. La habitual mezcla de autobombo de un proyecto que se asume apoyado sin fisuras por toda la población europea —pese a la evidencia del creciente apoyo a partidos euroescépticos y el éxito del Brexit—, obsesión con las finanzas “responsables”, negación de la realidad y de las propias responsabilidades, medias verdades o completas mentiras y tono de adoctrinamiento moral permea todo el texto desde el principio hasta el fin. El pensamiento gregario impide a la Comisión Europea salirse del guion oficial. Las loas al documento procedentes de los habituales defensores del europeísmo irredento, como Xavier Vidal-Folch o Luis Garicano, por supuesto no han tardado en aparecer en los medios del establishment. No oirán ninguna voz disidente expresarse con el mismo alcance no sea que los cuestionamientos al destino manifiesto puedan hacer flaquear el apoyo “unánime” al proyecto.

La falta de diversidad ideológica de las instituciones comunitarias y sus delegados en España les permiten actuar sin fisuras en la persecución de los fines últimos de su programa neoliberal. Pero la incapacidad de pensar de forma crítica delata la debilidad de un proyecto que cada vez parece más agotado.

El lector puede ahorrarse las 17 primeras páginas de un documento que afirma, por ejemplo, que el euro protegió a los estados miembro —cuando la realidad fue la opuesta: la pérdida de la soberanía monetaria y un conjunto de reglas que restringían arbitrariamente la función fiscal de los estados nacionales impidieron que éstos actuasen eficazmente contra los efectos de la crisis financiera global. Fiel a su relato neoliberal explica la crisis como consecuencia de brechas de competitividad o endeudamiento públicos en lugar de reconocer el origen privado de la deuda o el comportamiento mercantilista de Alemania. En las páginas prescindibles se encuentran profusamente distribuidos términos como el polisémico “reformas estructurales” que puede significar liberalizar todos los mercados de trabajo, terminar con los derechos de los estibadores, liquidar todo el patrimonio público, privatizar todos los servicios públicos o favorecer la concentración de poder oligopolístico.

Me centraré pues en las propuestas recogidas en el documento y que, como otros de la Comisión, hace verdaderos esfuerzos y piruetas por sortear y eludir la solución más obvia: una verdadera unión fiscal a la que Alemania siempre se opondrá. Poner remedio a la banca por supuesto encabeza las medidas. Los bancos fueron sin lugar a dudas los originadores de la crisis y por ello parece obvio que todo programa de reformas debería centrarse en ellos. La “reducción de riesgos” con un fortalecimiento de la gestión prudencial, una vez que la Comisión considera satisfactoriamente concluidos otros aspectos de la unión bancaria, aparece de forma preeminente pero se considera adecuadamente encauzada. Pero la CE debería rebajar su triunfalismo: la nefasta gestión de la crisis del Banco Popular, que tuvo que ser resuelta finalmente por el Gobierno español de forma escandalosamente favorable para el Grupo Santander, plantea muchas preguntas acerca de la entrega de las responsabilidades de supervisión bancaria a un mecanismo de resolución bancaria que permaneció en la higuera mientras se precipitaban los acontecimientos. Da igual, la Comisión Europea solo sabe mirar hacia adelante. Ahora la obsesión de la CE es implantar una “estrategia europea para préstamos morosos”. La solución propuesta es desarrollar mercados secundarios para estas carteras tóxicas, reformar los reglamentos y, otra vez, ese término tan caro a Bruselas pero tan difícil de precisar, “reformas estructurales”. Bruselas también confía en el fortalecimiento de la disciplina de los mercados y la agilización de los mecanismos de resolución que tan exitosos se han mostrado en acelerar la caída de entidades financieras centenarias. Sin embargo la solución evidente les elude de nuevo: acabar con las políticas de austeridad que han prolongado innecesariamente la crisis. Un trabajador con empleo paga sus cuotas hipotecarias; una empresa con ventas no cae en morosidad. El Popular al final se hundió simplemente porque no hay balance bancario que aguante 36 trimestres seguidos de implacable crisis económica. Tan sencillo; pero tan difícil de ver en Bruselas.

A medio plazo Bruselas quiere mejorar la unión bancaria con un Fondo Único de Resolución Bancaria (que seguía sin estar listo para recoger los platos rotos del Banco Popular y los bancos italianos que ahora se tambalean) y un Seguro de Depósitos Europeo que pretende mitigar el vínculo entre bancos y haciendas públicas nacionales. A tenor de la pasada experiencia en Chipre nos tememos que estos avances ayuden a acelerar las fugas de depósitos de la próxima entidad que se encuentre en riesgo de insolvencia. Fiel a su tradicional preferencia por las soluciones “fiscalmente neutras” la CE propone que este fondo sea financiado por los bancos. Nada que objetar pero me habría gustado una mayor apertura a la posibilidad de nacionalizar entidades en lugar de regalarlas a oligopolios por 1 euro.

La justificación de la unión bancaria es oportunista. Se alega que se pretende romper el vínculo pernicioso entre bancos en dificultades y estados periféricos endeudados. Pero la retroalimentación se da solo porque, si a un estado se le priva del respaldo de su banco central, su deuda acaba siendo pasto de la especulación. A mí, la unión bancaria me genera mucha inquietud ya que tenderá a crear entidades paneuropeas de tamaño monstruoso, “too big to fail”, y elevado riesgo sistémico. Lejos de favorecernos estas entidades canalizarán el nuevo crédito al centro geográfico de Europa relegando definitivamente a la periferia a su papel de destino de vacaciones para trabajadores satisfechos del núcleo europeo.

Como decía al inicio, la unión fiscal se sugiere y se pospone sine die dadas las tremendas reticencias de nuestros vecinos del norte a financiar a los “vagos del sur”. La Comisión Europea trata de buscar paliativos que se quedan muy cortos para la ocasión. Ante el reiterado rechazo a mutualizar la deuda de los estados soberanos —algo perfectamente prescindible si el Banco Central Europeo se comprometiera a actuar como banco central de los estados miembro sin condicionar su apoyo a nocivas políticas de austeridad— han puesto la imaginación a trabajar y nos han presentado unos Títulos Respaldados por Bonos Soberanos, paquetes de deuda pública de distintos países que serían emitidos por alguna entidad del sector privado para que los inversores reticentes a comprar deuda griega o portuguesa tengan menos remilgos si en el pisto europeo se añaden calabacines holandeses y berenjenas alemanas. Pero parece ser que esta sorprendente innovación financiera solo aparecerá “gradualmente”. Mejor que ni aparezca pues no tardaría el BCE en dejar de comprar la deuda periférica alegando que son los estados los que deben hacer sus deberes para que sus títulos sean incorporados al subyacente de este nuevo derivado. Recuerden que Bruselas cree religiosamente en la función disciplinanrte de los bond vigilantes. Así evitamos esos molestos problemas de riesgo moral a los que seríamos propensos en el sur —más coloquialmente en términos de Jeroen Dijsselbloem, evitar que nos gastemos el dinero en alcohol y mujeres.

En tanto llega la entidad financiera del sector privado dispuesta a generar tan atractiva oportunidad de inversión a Bruselas le preocupa que perdure un obstáculo para la ansiada unión bancaria y la definitiva rotura de cualquier enlace entre bancos y estados. Es sabido que los bancos necesitan tomar posiciones en activos sin riesgo y que, universalmente, estos son títulos de deuda pública. Un cambio de reglas debería hacer posible que los bancos dejaran de apostar preferentemente por la toma de posiciones en la deuda soberana de sus propias naciones. Suponemos que se refieren al hecho de que son los bancos centrales participantes en el Eurosistema los responsables de comprar la deuda nacional de cada país dentro de los programas de flexibilización cuantitativa. Es obvio que, si el Banco de España es responsable de comprar la deuda pública española, los bancos españoles tendrán un incentivo para mantener esos títulos en su cartera, una posición que pueden transformar en liquidez de forma rápida si es necesario. Si a Bruselas esto le preocupa la solución estaría sencillamente en que fuera el BCE el que comprara directamente esas posiciones. Esto solucionaría sin duda el problema: todos los bancos apostarían por deuda pública alemana como activo sin riesgo lo cual dejaría colgados a los estados de la periferia una vez más cuando llegue la próxima crisis.

Tranquilos. La comisión renuncia a la unión fiscal pero recupera algunas viejas ideas que permitirían una función de estabilización macroeconómica para hacer frente a shocks asimétricos. Pero estos instrumentos deben atenerse a determinados principios directores: evitar transferencias permanentes (desde Alemania), minimizar el riesgo moral (que estos periféricos no puedan eludir la vigilancia de los mercados) y condicionar el acceso a los fondos a “criterios claros y políticas sensatas”. Los instrumentos considerados no son nuevos en el debate de los economistas deseosos de salvar el euro: un Plan Europeo de Protección de Inversiones, un Plan Europeo de Reaseguramiento de Desempleo y un Fondo para días lluviosos. Todos ellos serán perfectamente prescindibles e inútiles pues se basan en la premisa de que el saldo fiscal tiene que estar equilibrado a lo largo del ciclo. La doctrina europea sigue sin entender que el déficit fiscal es una necesidad permanente de cualquier economía en la que los ciudadanos desean ahorrar. Cualquier disposición de fondos de los citados instrumentos estaría limitada al importe de las aportaciones previas aunque se concede la posibilidad de tomar préstamos que deberán ser reintegrados en el futuro. La utilidad de estos instrumentos será muy limitada y simplemente tratan de soslayar la evidencia de que Europa no está preparada para una unión federal. Por ejemplo el Reaseguramiento Europeo de Desempleo, en opinión de la Comisión Europea, requeriría “probablemente una cierta convergencia previa de las políticas y características de los mercados de trabajo”. Es decir, que hasta que nuestra tasa de paro no sea la de Alemania, yo no me haría muchas ilusiones y, entonces ¿para qué lo querríamos? Entretanto podemos esperar un fortalecimiento de las funciones de supervisión presupuestaria de la CE, lo cual seguirá vaciando de contenido nuestros ornamentales parlamentos nacionales.

El documento contiene una serie de recomendaciones vacuas sobre construcción de capacidades que suenan más bien a mecanismos tipo zanahoria-palo que sirvan de acicate para que los estados prosigan con esas “reformas estructurales” tan caras a Bruselas y una mejora de la rendición de cuentas democrática de las instituciones europeas. Esta podría haber consistido en acabar con la independencia de los bancos centrales para que respondan ante los parlamentos pero lo cierto es que nos tenemos que conformar con un “diálogo más intenso entre parlamentos nacionales y Parlamento Europeo” y la posibilidad de fusionar el cargo de presidente del Eurogrupo —actualmente el nefasto Jeroun Dijsselbloem conocido por su altanería y desprecio hacia los sureños— con el vicepresidente para el euro y el diálogo social (puesto actualmente detentado por un tal Valdis Dombroskis de cuya labor nadie se acuerda).El hecho de que unas instituciones integradas por países que no están en la unión monetaria estén tomando decisiones sobre países que sí pertenecen a este selecto grupo no parece inquietar mucho a la Comisión pues espera que todos ellos acaben entrando en la fallida unión monetaria en otra declaración de intenciones que revela una pertinaz y obcecada resistencia a comprender la realidad.

Termina nuestra lectura con una propuesta de crear un Tesoro Europeo, un nombre engañoso para una entidad que no emitiría deuda para una Comisión Europea cuyo presupuesto no excede del 1% del PIB europeo. La nueva entidad ejercería esas funciones de vigilancia económica y fiscal —sustrayendo más funciones a los parlamentos y contradiciendo las declaraciones en pro de una mayor responsabilidad democrática de las instituciones europeas— gestionaría los hipotéticos fondos de estabilización macroeconómica y el ya existente mecanismo de estabilidad europeo además de coordinar la emisión de ese activo europeo sin riesgo.

La Comisión da gran importancia a la capacidad de resistencia de las economías europeas. Los países resistentes —nos dicen— no solo aguantan mejor las crisis, también rinden mejor en épocas de bonanza. Si la propia Comisión Europea no cree posible una unión federal sus propuestas, lejos de asegurar la robustez de nuestras economías, nos dejan expuestos a la siguiente crisis económica. Si eso es así, sería deseable que nos devolvieran la soberanía monetaria y dejáramos la UE para las necesarias tareas de coordinación entre estados democráticos y soberanos que otrora desempeñó un papel positivo en Europa. El documento que hemos leído perpetúa el fanatismo doctrinario de una institución cada vez más sometida a intereses oligárquicos e incapaz de hacer frente al hegemón centroeuropeo. Las medidas propuestas no resuelven los problemas de fondo de la Unión Europea y suponen la enésima distracción que emplean los europeístas para convencernos de que el proyecto sigue su curso sin desviarse. Cuando llegue la próxima crisis, que llegará, la periferia europea seguirá más expuesta que antes a sus embates. El proceso de colonización y depauperación del sur sigue su curso inexorable.

miércoles, 21 de junio de 2017

Ningún argumento para una amnistía fiscal

Editorial publicado en Red MMT



Las amnistías fiscales deben ser reprobadas puesto que atentan frontalmente contra el principio de justicia social, pero un mayor problema derivado de semejante treta es, a nuestro modo de ver, que parten de una premisa equivocada acerca de la función de los impuestos que es usada para tratar de legitimarlas.


Al contrario de lo que habitualmente se cree, y a pesar de ser parcialmente cierto en el actual marco institucional de la eurozona, los impuestos no sirven para financiar los gastos del Estado. La fiscalidad es el mecanismo por el cual el Estado crea demanda para su moneda imponiendo obligaciones en ella al resto de agentes, provocando así su aceptabilidad y transferibilidad generalizada. Incluso dentro de la cercenada función fiscal del estado Español, cuyo margen para gestionar el gasto total en la economía es perversamente estrecho desde el momento en que entregó su capacidad de emisión de moneda al Banco Central Europeo, los impuestos siguen desempeñando ese papel. Es decir, la autoridad pública ha debido gastar o prestar previamente su moneda para que los agentes privados hayan podido hacerse con ella para redimir sus obligaciones fiscales y atender a sus deseos de ahorro neto de activos financieros. Esta lógica pone al descubierto las cadenas y situación de dependencia y subordinación en que se encuentra la política fiscal de cada Estado con respecto a la política del Banco Central Europeo. A diferencia de aquellos que conservan su soberanía monetaria, el Estado español es a día de hoy usuario de una moneda que no emite y por tanto tiene que hacerse con ella antes de gastar.


El ambiente de histeria de déficit creado en la zona euro sirvió para justificar medidas extraordinarias, como una amnistía fiscal con la cual se pretendía aumentar la recaudación del Estado. Más de 30.000 contribuyentes se acogieron a esta medida que, según el Gobierno, conseguiría aflorar más de 40.000 millones de euros. Sin embargo, los datos facilitados por el propio Gobierno revelan que la recaudación ha sido la mitad de lo esperado. Muchos de los que ocultan sus patrimonios en el extranjero prefieren seguir un tiempo más en el anonimato.


Si España tiene problemas de ingresos para aumentar el espacio fiscal que le permita atender adecuadamente a cuestiones macroeconómicas tales como el desempleo, síntoma éste de un gasto total en la economía insuficiente, la solución está en recuperar la capacidad de emisión o exigir al BCE que respalde sus emisiones de deuda, no en recurrir a medidas que delatan improvisación y desesperación. Peor aún: el historial de corrupción y amiguismo de los políticos del Partido Popular nos hace temer que en realidad se trataba de hacer de la necesidad virtud y, aprovechando que la crisis podía utilizarse para justificar todos los desmanes y ocurrencias de este gobierno, echar un capote a amigos con depósitos en el extranjero que deseaban repatriar.


Desde la Teoría Monetaria Moderna hemos explicado que los impuestos deben desempeñar un papel socialmente útil. El Tribunal Constitucional acierta al declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, aunque lamentablemente los beneficiados se han ido de rositas. Es una discriminación tan sangrante y arbitraria como la popularmente llamada “ley Beckham”, que permite a determinados profesionales extranjeros excelentemente pagados tributar a un tipo inferior al que les correspondería en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Son medidas que pervierten la progresividad del impuesto quebrantando la justicia social.


Desde Red MMT denunciamos la inutilidad de este tipo de medidas. El sostenimiento del valor de la moneda depende de que conseguir la moneda solo sea posible mediante la entrega de bienes y servicios al Estado y de la creación de una fuerte demanda por ella mediante los instrumentos tributarios; proceso que además destruye la moneda creada por la autoridad en el acto originario de gastar o prestar. Permitir que haya personas que puedan conservar el dinero en el anonimato y vender esos depósitos denominados en euros o pesetas para comprar depósitos en otros países, genera un proceso que deprecia nuestra moneda en los mercados de divisas. Los ahorros de estos evasores además son fugas del circuito económico que deprimen la actividad económica y provocan desempleo.


La gravedad del comportamiento de los evasores fiscales exige una respuesta de la sociedad con fuertes castigos penales y económicos. Un gobierno fiscalmente responsable no persigue de forma atolondrada un determinado guarismo en el saldo de sus cuentas sino que asegura el cumplimiento íntegro de las obligaciones fiscales aplicando la máxima dureza a quien las elude. Lo que está en juego es demasiado importante y no podemos consentir los comportamientos imprudentes, frívolos y lesivos del ministro Montoro.

lunes, 29 de mayo de 2017

El negocio artístico de las criptomonedas.

Publicado originalmente en el Blog Alternativas el 24 de mayo de 2017

Como economista adscrito a la escuela conocida como teoría monetaria moderna frecuentemente me preguntan lo que pienso acerca de las criptomonedas. Estudiar los sistemas monetarios modernos no te convierte en un experto en criptomonedas pero si permite entender cuál es su función en nuestro sistema económico. Aun reconociendo que mi grado de competencia tecnológica es bajo, confieso que me producen bastante prevención por motivos que detallaré más adelante.

¿Qué son las criptomonedas?


Cualquier sistema monetario —ya sea el euro, el dólar o el del Bitcoin— es una especie de cuenta de mayor en la que queda registrada una posición acreedora y una deudora. Un billete de banco es una cuenta en el cual se registra el nombre del deudor (el banco central) con la particularidad de que el acreedor, el tenedor de este título, permanece en el anonimato. La mayor parte del dinero actualmente es digital, es decir, consiste en meros apuntes contables en una cuenta de mayor cuya única materialización son bytes en un ordenador. A diferencia del dinero físico el dinero digital no asegura el anonimato.

¿Qué son las criptomonedas? Aclaremos que estamos hablando de criptomonedas “descentralizadas”, es decir sistemas creados y mantenidos por comunidades de informáticos al margen de ninguna autoridad central. Es posible crear una criptomoneda estatal y también existen algunas gestionados por empresas privadas como el Ripple. Es un sistema distribuido donde existe un algoritmo que permite crear la criptomoneda a una tasa predefinida no determinada por una autoridad central. Es la comunidad de informáticos la que se ocupa de generar la moneda de forma colectiva.

La seguridad y la integridad de los registros contables que constituyen el balance de la criptomoneda se basa en la desconfianza mutua entre los participantes en el sistema. Estos son conocidos como mineros que realizan tareas de validación y fechado de las transacciones que quedan registradas en lo que se conoce como ‘cadena de bloques’. Estas validaciones se van a añadiendo a la cuenta de mayor de la moneda y requieren que una mayoría de los participantes muestren su acuerdo. Cuando alguien confirma un bloque éste se añade a la cadena y se comunica todos los demás participantes. Una vez que la transacción ha sido certificada por consenso queda inscrita en el registro de forma inmutable y permanente. La forma de asegurar de que los mineros trabajan en interés de la comunidad es que tengan un incentivo financiero recibiendo unidades de la criptomoneda cada vez que comprueban un bloque de la cadena.

La más conocida de las criptomonedas es el Bitcoin, la autoría de cuyo algoritmo es un tanto misteriosa y disputada, pero existen varias decenas de imitadoras. La capitalización actual en el mercado de criptomonedas es de unos nada desdeñables 52 mil millones de dólares. El algoritmo del Bitcoin es ingenioso pero tiene problemas de diseño. El sistema de verificación está basado en “cadenas de bloques” cuyo procesamiento requiere un masivo poder de computación con su correspondiente coste energético. La naturaleza distribuida de la información implica que todas las transacciones pueden ser examinadas por todos los participantes lo cual plantea dudas acerca de la garantía de privacidad y anonimato que alegan los defensores del Bitcoin. La producción está limitada a un máximo de 21 millones de unidades. Debido a su altísima cotización los mineros obtienen fracciones de Bitcoin cada vez menores por su trabajo. Al acercarse el momento en que no se emitirán más unidades nadie tendrá un incentivo de seguir haciendo tareas de minería y en ese momento supongo que esa actividad se abandonará completamente.

Las criptomonedas no son moneda


La tradición chartalista describe la moneda como una institución social originada desde el estado. En esencia la moneda es un crédito fiscal entregado por el estado a cambio de los recursos reales que obtiene del sector privado. Los agentes aceptan la moneda del estado porque previamente éste obliga a los ciudadanos a pagar impuestos con ella.

Hyman Minsky decía que el problema no es crear una moneda —cualquiera puede hacerlo— sino que te la acepten. Existen monedas privadas y un ejemplo es el dinero bancario. Éste es universalmente aceptado porque el estado respalda sus emisiones y porque los bancos siempre estarán dispuestos a redimir su deuda entregando dinero del estado por su valor nominal. Las criptomonedas no disfrutan de estos privilegios. Pocos comerciantes aceptan en pago Bitcoins y ciertamente no se pueden utilizar para pagar impuestos.

El valor de las criptomonedas


El valor del dinero queda determinado por las decisiones de gasto del estado. El estado disfruta una posición de monopolio en la creación de la moneda y, como todo monopolista, puede decidir su precio. Lo hace decidiendo qué deben entregar a cambio los ciudadanos para conseguir una unidad monetaria. Si el estado decide que paga una hora de trabajo a 10 euros por hora de facto está vinculando el valor de una unidad su moneda a una décima de hora de trabajo. Es el acto de gastar el que define el valor de la moneda mientras que los impuestos generan la demanda por ella.

Nadie está obligado a pagar impuestos en Bitcoins u otras criptomonedas ni existe ningún deudor que respalde estas emisiones. Lo cierto es que no existe ningún sostén para el valor de las criptomonedas. Siendo honestos el justiprecio de las criptomonedas es exactamente cero. Sin embargo el siguiente gráfico muestra cómo la cotización del Bitcoin ha ido subiendo de forma exponencial.

Cotización y capitalización del Bitcoin


La otra característica de los precios de las criptomonedas es que experimentan variaciones muy bruscas de un día para otro. El siguiente gráfico muestra cómo han variado diariamente en porcentaje los precios de algunas de ellas durante el mes de mayo. Bitcoin, la más líquida, experimentan menos volatilidad pero en mayo ha experimentado caídas de hasta un 7% en una sola jornada.

Esta volatilidad en los precios y la apreciación exponencial sugieren que las criptomonedas serían de dudosa utilidad como dinero. Como herramienta para conservar el ahorro tienen un elevado riesgo. Su uso como medio de pago está limitado a muy pocas transacciones y es mejor convertirlas a dinero real si se quiere comprar algo. Si una economía funcionara con Bitcoins la limitación al crecimiento de su oferta la llevaría a la deflación.
Variación en precio diario de las criptomonedas
El comportamiento de las cotizaciones de las criptomonedas recuerda al de determinados activos de oferta inelástica como algunas obras de arte o el oro. En 1961 el artista italiano Piero Manzoni produjo una obra conocida como Merda d’Artista, una serie de latas numeradas que contenían heces del autor. En la subasta más reciente una de estas latas alcanzó una cotización superior a los 275.000 euros.

Nos queda la duda de saber qué ocurrirá con el precio de los Bitcoins en dos o tres años. ¿Seguirá apreciándose como la obra de Manzoni o se acabará deshinchando como un globo. Mi apuesta es que tarde o temprano, cuando el modelo haya agotado su vida útil, algunos de los inversores con posiciones fuertes se desembarazarán de ellas convirtiéndolas en dinero real, tumbando el mercado de paso y dejando a algún inocente con su monedero electrónico repleto de monedas virtuales sin valor. La locura de las criptomonedas recuerda demasiado a la de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII.

El nombre “criptomoneda” es pues un tanto engañoso. Sería más útil llamarlas “criptoactivos”, “criptotesoros” e incluso “criptofraudes” en algunos casos.

Para qué sirven las criptomonedas


Las redes sociales están llenas de entusiastas de las criptomonedas. Podemos encontrar entre ellos naturalmente a los minarquistas y otros anarcocapitalistas para los que la idea de una moneda creada al margen del estado encaja con su ideología. También a los “tecnoutópicos” fascinados con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los modelos colaborativos. Hay también una cierta izquierda con raíces ácratas que idealiza las iniciativas comunitarias desarrolladas al margen del control estatal.

Pero creo que la principal utilidad de Bitcoin y otras monedas virtuales reside en el anonimato que supuestamente permiten en transacciones de pago. La semana pasada numerosas empresas de países occidentales sufrieron el ataque de hackers que pidieron un rescate en Bitcoins para liberar los servidores que habían secuestrado. Creo que veremos cada vez más episodios de este tipo y que iremos entendiendo para qué sirven las criptomonedas.

El episodio de hackeo de la semana pasada sugiere un escenario distópico con “ciberestados” pirata con la capacidad de extraer tributos de empresas en criptomonedas. Quizás los entusiastas de la utopía “criptomonetaría” deberían dejar de hacerse ilusiones libertarias. Pueden ser los tontos útiles sobre los que se construye un estado criminal.

La importancia de que el sistema monetario esté controlado por una autoridad central democrática


Quien escribe estas líneas es partidario del estado nacional dotado de plena soberanía, una de cuyas manifestaciones es la moneda fiduciaria. Los grandes logros democráticos, los avances en los derechos sociales o la creación de un cuerpo de derecho son victorias de una institución que es hija de la ilustración y de las grandes revoluciones emancipadoras: el estado de derecho democrático y social. En mi opinión actualmente los estados necesitan más que nunca utilizar el poder que les otorgan los sistemas monetarios para afrontar los graves problemas que acucian a nuestras sociedades: el desempleo, la amenaza del cambio climático, los retos migratorios, etc…Todos estos retos deben ser abordados por instituciones democráticas sometidas a controles y a procesos de deliberación. Las criptomonedas solo pretenden socavar este poder entregándoselo a especuladores, delincuentes, mafiosos y narcotraficantes.